La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el decreto emitido por el Gobierno de Gustavo Petro, que ordena el traslado de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones. La demanda incluye una solicitud de medidas cautelares de urgencia para evitar el movimiento de estos recursos.
Reacciones del gremio y del presidente
Durante el reciente Congreso de Asofondos, su presidente, Andrés Velasco, anunció que se tomarían acciones judiciales contra el decreto, al considerarlo ilegal. En respuesta, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, calificando la postura de los fondos como un "verdadero robo". "La solicitud de negarse a pagar los dineros ahorrados por los trabajadores para pensionarse y que por decisión libre decidieron pasar a Colpensiones y lograr su pensión por llenar los requisitos de la ley es un verdadero robo", escribió Petro.
Plazos para el traslado de recursos
El decreto establece dos plazos clave para la transferencia de los 25 billones de pesos. Para las personas que usaron el traslado y aún no se han pensionado, los fondos privados tendrán 20 días para transferir la mitad de los recursos (aproximadamente 10 billones) y otros 10 días para el 50% restante. En el caso de los pensionados con este beneficio, el plazo será de 15 días para enviar cerca de 5 billones de pesos.
Consecuencias del traslado según Asofondos
Andrés Velasco advirtió que el decreto generaría un efecto de 50 billones de pesos en el pasivo pensional a largo plazo. "Inicialmente son 25 billones los que el Gobierno quiere que traslademos, pero a partir de ahí se pierden todos los intereses que se puedan generar", explicó. Además, señaló que el Gobierno Nacional no cuenta con los vehículos para multiplicar esos recursos, como sí lo hacen los fondos privados. "El problema es que esos recursos no van a estar disponibles en el futuro para garantizar las pensiones de los colombianos", afirmó.
Impacto en el sistema pensional
Velasco sostuvo que la medida afecta a todos los colombianos, ya que un sistema pensional insostenible genera desconfianza sobre el pago futuro de las pensiones. "La alarma es para que todos los colombianos entiendan que hay que ahorrar, y estos recursos el Congreso determinó que eran para ahorrarlos. Que el Gobierno quiera disponer de ellos en el corto plazo afecta la credibilidad del sistema", puntualizó.
Legalidad del decreto
Expertos consideran que el decreto contradice el artículo 76 de la ley pensional aprobada en 2024, uno de los dos artículos que la Corte Constitucional mantuvo vigentes mientras estudia la reforma. Dicho artículo establece que los recursos de quienes se trasladaron extraordinariamente deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que la persona se pensione. "Es un decreto que apunta a contradecir una norma vigente", afirmó el experto Hartmann.
