Gobierno avanza en decreto para otorgar beneficios a bandas criminales en procesos de paz urbana
En medio de la polémica por la resolución de la Fiscalía que levantó órdenes de captura contra capos de bandas criminales en Medellín, el Gobierno Nacional está preparando un decreto para extender beneficios administrativos a integrantes de estas organizaciones que negocien su sometimiento. Según fuentes oficiales, esta medida busca sostener los acuerdos pactados en mesas de diálogo, sin depender de una ley que regule los beneficios jurídicos.
Beneficios administrativos en discusión
La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, confirmó en diálogo con EL TIEMPO que se está trabajando en un decreto que ampliaría los beneficios de reinserción, actualmente reservados para desmovilizados de grupos insurgentes, a miembros de bandas criminales de alto impacto. "Todo proceso de paz tiene que tener un capítulo de beneficios", afirmó Zuleta, quien es vocera de los espacios de diálogo sociojurídico con bandas en Medellín y el valle de Aburrá.
Estos beneficios incluirían políticas administrativas como:
- Subsidios de vivienda
- Becas educativas
- Acceso a programas sociales y proyectos productivos
Zuleta aclaró que no se trata de beneficios judiciales, sino de medidas para dar seguridad jurídica a quienes firmen acuerdos de paz urbana, similar a lo ocurrido con las Farc. Sin embargo, aún no se ha definido el alcance del decreto, incluyendo si cubriría solo a las bases o también a los jefes de estas organizaciones.
Respuesta del Ministerio de Justicia y la Agencia de Reincorporación
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, señaló que el decreto en construcción no otorga beneficios jurídicos, sino que está pensado para medidas de desmovilización dirigidas a integrantes rasos que no están privados de la libertad. Por su parte, Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), confirmó el avance de un "Programa de Inclusión Social" para atender a personas que dejen las armas en el marco de las Conversaciones Sociojurídicas para la paz urbana.
Miller explicó que se requieren ajustes normativos para implementar este programa, ya que el actual programa de reincorporación está exclusivamente dirigido a excombatientes del Acuerdo de Paz de 2016. "El ajuste normativo efectivamente obedecerá a un decreto que dependerá del sector justicia", añadió, aunque aclaró que la discusión no ha sido formalmente agendada y no tiene fecha definida.
Contexto y críticas
Esta iniciativa surge en un contexto donde faltan cuatro meses para el fin del gobierno del presidente Gustavo Petro y con la ley de sometimiento empantanada en el Congreso. El decreto permitiría al Gobierno tener margen de maniobra para ofrecer garantías a delincuentes condenados por delitos graves, como homicidio y secuestro, que están negociando acuerdos para reducir la violencia urbana en ciudades como Barranquilla, Medellín y Buenaventura.
Críticos argumentan que esta "gabela" podría generar polémica al equiparar a miembros de bandas criminales con desmovilizados de grupos insurgentes, quienes tienen un estatus político reconocido. No obstante, proponentes insisten en que es un paso necesario para consolidar procesos de paz en entornos urbanos, asegurando que los acuerdos tengan un componente tangible de reintegración social.
