Un documento revela que la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, advirtió al Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre los riesgos de otorgar beneficios a cabecillas criminales que participaban en procesos de diálogo con el Estado. La comunicación, enviada en marzo de 2025, contenía observaciones al proyecto de Ley 388 de febrero de ese mismo año, iniciativa que buscaba crear un marco jurídico para negociar con grupos criminales sin origen político dentro de la política de paz total.
En el documento, el Ministerio de Justicia respaldaba las mesas de diálogo como mecanismo para avanzar hacia la paz, pero advertía que era necesario reglamentarlas claramente para definir obligaciones y mecanismos de verificación de los acuerdos, en línea con lo establecido por la Corte Constitucional. “Es fundamental mencionar que debe ser reglamentado, para determinar claramente las obligaciones y la verificación del cumplimiento de los acuerdos logrados en estas mesas de diálogo, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-523 de 2023”, dice el texto.
Peticiones de cabecillas presos
La entonces ministra señaló además que algunas solicitudes hechas por cabecillas presos podían resultar contraproducentes para la seguridad y el control carcelario. Aunque no especificaba quiénes ni en qué lugares, lo advertido en el documento coincide con lo que pasó un año después. Una fiesta no autorizada por parte de los cabecillas de combos delincuenciales de Medellín que estaban presos en la cárcel de Itagüí, quienes participaron en diálogos e incluso en un evento con el presidente y organizaron una fiesta no autorizada con cantantes vallenatos en el centro carcelario.
Según el texto, existía preocupación porque ciertos beneficios terminaran fortaleciendo estructuras criminales que ya habían sido desmanteladas, permitiendo que líderes delincuenciales concentraran nuevamente poder o establecieran alianzas desde prisión. Buitrago también le informó al presidente que algunos privados de la libertad buscaban evadir los controles penitenciarios y las restricciones sobre elementos prohibidos dentro de los centros carcelarios.
Por esa razón, aseguró que impartió instrucciones para mantener estrictos controles de registro, vigilancia y búsqueda de objetos prohibidos, con el objetivo de evitar “que se puedan ingresar y mantener elementos prohibidos y de riesgo para la vida e integridad de todos los privados de la libertad”.
En el documento, la exministra también dejó claro que, aunque la política de paz es competencia directa del presidente de la República, desde el Ministerio de Justicia correspondía advertir sobre posibles riesgos que pudieran derivar en hechos violentos o afectar la protección de la población civil.
