La violencia contra la comunidad LGBTIQ+ en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes durante el año 2025, según el más reciente informe de la organización Caribe Afirmativo. El documento revela que, en promedio, una persona de esta población es asesinada cada 32 horas, lo que representa una crisis estructural marcada por el aumento de la violencia por prejuicio, la expansión de discursos de odio y la persistencia de altos niveles de impunidad.
Hallazgos clave del informe
El informe titulado 'Situación de derechos humanos de personas LGBTIQ+ en el año 2025' señala que la violencia contra esta población dejó de ser un conjunto de hechos aislados para convertirse en un sistema coherente de agresión que atraviesa distintos niveles de la vida cotidiana: desde la discriminación y la violencia intrafamiliar hasta las amenazas, los delitos sexuales y los homicidios.
Según el análisis, Colombia figura entre los países latinoamericanos con mayores índices de violencia contra personas diversas, junto con Brasil y México. El país lleva más de una década registrando altos niveles de agresiones, pero sigue sin contar con un sistema estatal robusto de información que permita dimensionar y prevenir el fenómeno.
Subregistro y fallas institucionales
Uno de los principales cuestionamientos del documento está dirigido al Estado colombiano y a sus sistemas de registro. Caribe Afirmativo presentó 160 derechos de petición a entidades nacionales y territoriales, pero encontró dificultades y limitaciones para obtener datos claros y precisos de fuentes oficiales.
La Fiscalía General de la Nación presenta registros incompletos y ambiguos sobre las víctimas. Las categorías usadas no distinguen claramente entre sexo asignado e identidad de género, mientras que variables como orientación sexual aparecen ausentes en múltiples registros. Además, la organización denuncia una indeterminación competencial dentro de la entidad tras cambios administrativos que dejaron sin claridad qué dependencia debe consolidar las estadísticas relacionadas con violencias contra personas LGBTIQ+.
También se cuestiona a la Policía Nacional por reportar, en ciertos territorios, que no existen casos de violencia contra personas LGBTIQ+, algo que la organización considera incompatible con la realidad documentada en terreno. "Esta respuesta, más que evidenciar una ausencia de violencia, plantea serias dudas sobre los sistemas de registro, los criterios de clasificación y la capacidad institucional para reconocer violencias basadas en prejuicio", asegura la organización.
Violencia digital y territorial
El informe advierte sobre la transformación de la violencia en entornos digitales. Las redes sociales se han convertido en espacios de reproducción de discursos de odio, campañas de estigmatización y amenazas sistemáticas contra personas LGBTIQ+. Para Caribe Afirmativo, la violencia digital funciona como una antesala de otras agresiones más graves, ya que en múltiples casos los ataques en línea preceden agresiones físicas, amenazas directas o incluso homicidios.
En términos territoriales, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran buena parte de las agresiones documentadas. Solo Antioquia acumuló uno de cada seis homicidios de personas LGBTIQ+ registrados en el país entre 2021 y 2025. La organización advierte que estos territorios presentan una paradoja: son las regiones con mayores niveles de institucionalidad y políticas públicas, pero también las que concentran altos niveles de violencia.
Violencia intrafamiliar y sexual
Uno de los capítulos más extensos del documento está dedicado a la violencia intrafamiliar. Durante 2025 se registraron 1.531 casos de violencia intrafamiliar contra personas LGBTIQ+, y el 60,29 por ciento de las víctimas fueron mujeres lesbianas y bisexuales. Bogotá lideró los registros con 446 casos, seguida por Antioquia con 207 y Valle del Cauca con 166.
La violencia sexual aparece como otro punto crítico. Caribe Afirmativo documentó 628 casos de delitos sexuales contra personas LGBTIQ+ durante 2025, con especial afectación sobre mujeres lesbianas y bisexuales, quienes representan más del 60 por ciento de las víctimas. La organización señala que estos delitos operan como una forma de castigo frente a identidades percibidas como desviadas, especialmente en personas trans y hombres gais.
Amenazas y continuo de violencia
El informe documentó 1.184 víctimas de amenazas durante el año. Para la organización, las amenazas cumplen una función estratégica de control social y territorial, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. "El elemento más crítico del análisis es este: en múltiples casos documentados, la amenaza precede al homicidio", advierte el documento.
La investigación concluye que existe una fuerte relación entre territorios con altos niveles de amenazas y aquellos donde posteriormente ocurren homicidios. Mujeres trans vinculadas a contextos de trabajo sexual, liderazgos sociales y personas previamente desplazadas aparecen entre las víctimas más expuestas.
"La violencia contra personas LGBTIQ+ en Colombia no inicia con la agresión física ni con el homicidio, se construye progresivamente. Lo que revela el análisis conjunto de la discriminación, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, las amenazas y los homicidios es la existencia de un continuo de violencia, en el que cada forma de agresión no sustituye a la anterior, sino que la profundiza", concluye el informe de Caribe Afirmativo.
