A poco más de tres meses del cambio de Gobierno, el deterioro del orden público, las tensiones alrededor de la llamada paz total y la expansión de grupos armados vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre qué debe corregirse en la política de seguridad y negociación en Colombia.
Balance crítico de la paz total
En entrevista con El Radar de Blu Radio, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hizo un balance crítico del momento que atraviesa el país y planteó que, antes de pensar en nuevas fórmulas, el primer paso para el próximo gobierno debe ser reorganizar la arquitectura institucional para enfrentar el conflicto.
“Lo primero que tenemos que hacer es poner la casa en orden”, resumió.
¿Qué dice la FIP sobre el balance de la paz total?
Para Llorente, el deterioro actual no es un fenómeno reciente, sino la profundización de problemas advertidos desde hace años en la implementación de la política de paz total. Según explicó, el modelo de negociaciones simultáneas con múltiples actores armados careció de líneas claras, soporte institucional y coordinación efectiva con fuerza pública, justicia y política criminal. A su juicio, esa desconexión derivó en confusión tanto en las mesas de negociación como en la respuesta del Estado frente a estructuras armadas ilegales. Incluso señaló que uno de los problemas fue haber mezclado en un mismo esquema diálogos con grupos insurgentes y procesos de sometimiento a la justicia con organizaciones criminales, dos escenarios que, dijo, exigen marcos distintos.
“Se perdió la brújula”
Uno de los puntos más fuertes de la directora de la FIP fue su crítica a lo que calificó como una “colcha de retazos” en la legislación de orden público, al considerar que las reformas sucesivas han generado superposiciones y ambigüedades. Por eso insistió en que una prioridad del próximo gobierno debería ser redefinir reglas, competencias y alcances del Ejecutivo en estas materias. “Se perdió la brújula”, advirtió. Llorente sostuvo que, antes de abrir nuevas discusiones sobre capturas, negociaciones o facultades del Gobierno frente a grupos armados, es necesario ordenar el marco institucional que hoy considera confuso.
¿Se pueden manejar tantos procesos de paz al mismo tiempo?
Otro de los interrogantes planteados en la entrevista fue si un gobierno tiene capacidad real para conducir múltiples procesos simultáneos con actores armados tan distintos. La respuesta de la analista fue que el desafío no es solo político, sino también operativo e institucional. Planteó que la capacidad estatal ha sido insuficiente y recordó que incluso la Oficina del Alto Comisionado para la Paz llegó a tener mayores capacidades en procesos anteriores que las actuales. Además cuestionó que, en algunos casos, las negociaciones hayan avanzado sin suficiente articulación con inteligencia, fuerza pública o Fiscalía. Para Llorente, parte del rediseño debe pasar por revisar qué procesos deberían depender del comisionado de paz y cuáles tendrían que tener otro liderazgo institucional.
Las 14 zonas críticas donde habría que empezar
Más que plantear una salida uniforme para todo el país, la directora de la FIP insistió en que la respuesta debe partir de enfoques territoriales. Advirtió que actualmente hay al menos 14 zonas donde comunidades enfrentan disputas entre dos, tres o hasta cuatro grupos armados, y allí debería concentrarse una intervención prioritaria. No necesariamente en todas al tiempo, aclaró, sino bajo una secuencia estratégica. Entre sus planteamientos destacó que esa intervención debería combinar:
- Protección inmediata a la población civil.
- Recuperación de control territorial.
- Fortalecimiento institucional en regiones críticas.
- Comprensión de las economías ilegales que sostienen a los grupos armados.
