Pulso judicial entre Fiscalía y Gobierno por líder disidente en diálogos de paz
La posible reactivación de la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias "Calarcá", jefe de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, ha generado una situación de máxima tensión institucional entre la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional. Este debate surge en medio de fuertes cuestionamientos sobre la permanencia del cabecilla en la mesa de diálogo, a pesar de las nuevas evidencias que apuntan a su presunta continuidad en actividades criminales.
Advertencias de la Fiscalía y posición gubernamental
Mientras la fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtió que existen elementos suficientes para reconsiderar los beneficios judiciales otorgados al jefe disidente, el Gobierno mantiene la suspensión de su orden de captura bajo el amparo de la política de 'Paz Total'. Esta situación deja la decisión final en manos del presidente Gustavo Petro, quien debe balancear los imperativos de justicia con la continuidad del proceso de paz.
Camargo insiste en que la continuidad de acciones criminales por parte de alias 'Calarcá' es incompatible con su condición de vocero de paz. En declaraciones a la prensa, la Fiscal advirtió que estos hechos "abren la puerta" para reactivar la orden de captura, enfatizando que los beneficios jurídicos dependen estrictamente del cumplimiento de compromisos verificables, como el cese total de actividades delictivas.
Posiciones encontradas en el gabinete ministerial
Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Sánchez reconoció la gravedad del caso y coincidió en que "Calarcá" debe ser detenido. "A 'Calarcá' hay que capturarlo. Es un criminal que está delinquiendo. Eso no se puede tolerar", afirmó el jefe de la cartera de Defensa en declaraciones a Caracol Radio.
Sin embargo, el funcionario explicó que la Fuerza Pública no puede proceder libremente debido a que la orden de captura está suspendida legalmente. "En este momento no lo están buscando porque la orden de captura está suspendida, pero si lo encontramos en flagrancia debemos capturarlo", precisó el ministro, aclarando que el levantamiento de dicha suspensión no depende del sector Defensa.
El marco legal de la Ley 2272 de 2022
El punto central del debate radica en la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de 'Paz Total', que permite suspender órdenes de captura contra integrantes de grupos armados para facilitar los diálogos. En ese marco, "Calarcá" fue designado como vocero, lo que implicó la suspensión de su orden judicial.
Esta figura legal no elimina las investigaciones en su contra, pero sí limita la acción de las autoridades mientras el proceso se mantenga vigente. Como explicó el Ministro de Defensa, la ley "da espacios de diálogo" y las decisiones que se adopten en esas mesas "orientan el actuar de la Fuerza Pública".
Escenario de incertidumbre y posibles desenlaces
Mientras tanto, la tensión aumenta significativamente: la Fiscalía advierte que el cabecilla habría seguido delinquiendo —lo que anularía sus beneficios—, mientras el Gobierno mantiene abierta la mesa de diálogo pese a las dudas sobre la voluntad real del grupo armado.
El ente acusador ya puso en conocimiento del Ejecutivo estos hallazgos y mantiene un "compás de espera", el cual podría agotarse en los próximos días. De no haber una decisión gubernamental, la Fiscalía ha dejado entrever que podría avanzar de manera autónoma en la reactivación del requerimiento judicial.
Esta situación crea un escenario complejo donde se enfrentan dos visiones: la de justicia inmediata representada por la Fiscalía y la de oportunidad política para la paz sostenible defendida por el Gobierno. El desenlace de este pulso institucional podría definir no solo el futuro judicial de 'Calarcá', sino también la viabilidad de los actuales diálogos de paz con las disidencias de las FARC.
