Impuesto al patrimonio líquido golpea al sector educativo privado en medio de crisis profunda
El sector educativo colombiano enfrenta una amenaza sin precedentes con la implementación de un decreto de emergencia económica que obliga a las fundaciones educativas privadas a pagar un impuesto al patrimonio líquido. Esta medida, que equipara erróneamente a instituciones educativas con empresas comerciales, llega en el peor momento posible para un sector que ya arrastra graves problemas estructurales.
Millones de estudiantes en riesgo inminente
Según revelaciones del padre Harold Castilla, vicepresidente de Ascún y rector de Uniminuto, millones de estudiantes universitarios podrían ver afectada su educación por este decreto que exige el pago de la primera cuota el próximo 1 de abril. La situación se extiende también a colegios privados con régimen Esal, afectando potencialmente a aproximadamente 1,5 millones de estudiantes de educación básica y media, lo que representa cerca del 20% de la matrícula total del país.
Lo más preocupante es que este impuesto se aplica sobre activos fundamentales para la educación: salones de clase, bibliotecas, laboratorios y espacios deportivos, a pesar de que estas instituciones tienen la obligación legal de reinvertir el 100% de sus excedentes en mejoras educativas.
Crisis demográfica agrava la situación
El decreto llega cuando más de 340 colegios privados ya evalúan su cierre permanente debido a la caída acelerada de la natalidad en Colombia, que en los últimos años acumula una reducción del 12%, con tasas incluso más pronunciadas que las registradas en Japón. El pago de este impuesto no presupuestado genera una presión estructural adicional sobre la sostenibilidad financiera de estas instituciones.
"Los excedentes, cuando los hay, se reinvierten en infraestructura, investigación, bienestar estudiantil, becas y cobertura", explica el padre Castilla, destacando la naturaleza social de estas fundaciones educativas.
Realidad social desvirtuada
Contrario a la percepción de que las instituciones educativas privadas benefician principalmente a sectores privilegiados, las cifras oficiales revelan una realidad diferente:
- El 85% de los estudiantes atendidos por estas instituciones provienen de familias de estratos 1, 2 y 3
- Estas fundaciones alivian significativamente la carga fiscal del Estado
- Suplen la demanda educativa en zonas con limitada o inexistente capacidad estatal
- Cumplen un rol fundamental en acceso, permanencia y cobertura educativa
Consecuencias catastróficas para el sistema educativo
El Ministerio de Educación reconoce que la infraestructura pública enfrenta retos importantes de cobertura, calidad y financiación. El cierre masivo de instituciones privadas generaría una demanda imposible de absorber por el sistema público, que carece de la infraestructura y cobertura territorial necesarias.
Los principales afectados serían:
- Cerca de 3 millones de estudiantes que verían deteriorada su calidad educativa
- Profesores enfrentando presión contra incrementos salariales y mayor carga académica
- Padres de familia asumiendo impacto en servicios y beneficios educativos
- El sistema educativo público, que enfrentaría hacinamiento y deterioro de calidad
Acciones legales en curso
Ascún ha interpuesto recursos ante la Corte Constitucional para apelar este decreto, a los que se sumarán ahora los colegios afectados. Se espera que la Corte emita una medida cautelar urgente para evitar un riesgo sistémico similar al que actualmente enfrenta el sector de la salud en Colombia.
Esta situación representa una verdadera estocada a un sistema educativo que, aunque tiene oportunidades de mejora, cumple un rol social fundamental en el acceso a la educación para poblaciones vulnerables y en el alivio de la carga fiscal estatal.
