Fiscalía inicia investigación formal contra Ministro de Educación por presuntas irregularidades en pagos a maestros
La Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación formal contra el Ministro de Educación de Colombia, junto con directivos de Fiduprevisora, un abogado particular y varios maestros pensionados, por presuntos pagos no autorizados e irregulares que ascendieron a la alarmante cifra de $458.799 millones desembolsados entre los años 2024 y 2025.
El origen de la controversia: la prima de mitad de año
El caso gira en torno al pago de la prima de mitad de año, un beneficio establecido por la Ley 91 de 1989 que otorga a los docentes pensionados el derecho a recibir una mesada adicional equivalente a su pensión mensual. Sin embargo, este derecho fue modificado sustancialmente con el Acto Legislativo 01 de 2005, que limitó su aplicación a condiciones específicas.
Según ha explicado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el pago de esta prima corresponde únicamente a profesores que cumplen rigurosos requisitos:
- Nombramiento entre el 1 de enero de 1981 y el 26 de junio de 2003
- No haber obtenido pensión gracia
- Haber pensionado antes del 31 de julio de 2011
- Mesada pensional igual o inferior a tres salarios mínimos legales vigentes
Hallazgos alarmantes en auditoría interna del Fomag
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), administrado por Fiduprevisora, realizó una exhaustiva revisión interna tras el cambio de dirección en la entidad. Los resultados, dados a conocer el 16 de febrero de 2026, revelaron graves inconsistencias que han generado preocupación nacional.
De los $458.799 millones desembolsados entre 2024 y 2025, se identificaron irregularidades por $260.437 millones, representando el 56,8% del total de recursos girados. Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran:
- 4.405 pagos realizados a personas con sentencias judiciales ejecutoriadas que negaban expresamente este derecho, por un monto superior a $83.082 millones
- Beneficiarios que ya contaban con pensión gracia o disfrutaban de doble pensión
- Docentes vinculados fuera del rango legal establecido
- Pensionados que superaban los topes constitucionales permitidos
- Registros de personas fallecidas que no habían sido retiradas de las bases de datos
Cambio en interpretación jurídica sin sustento legal
Según el informe del Fomag, en agosto de 2025 se emitió un concepto jurídico que modificó radicalmente la interpretación que venía aplicándose sobre la prima de mitad de año. Este cambio se produjo sin que mediara una reforma legal ni una sentencia de unificación que modificara la línea jurisprudencial consolidada durante años.
Adicionalmente, la investigación ha revelado situaciones aún más preocupantes:
- Demandas promovidas por firmas de abogados sin cumplir los requisitos legales establecidos
- Presunta entrega de una base de datos con información de 9.000 docentes a un abogado particular
- Posibles conflictos de interés en la autorización de los pagos
Posiciones institucionales frente al escándalo
Fecode, que agrupa a más de 270.000 docentes en todo el territorio nacional, ha respaldado la realización de investigaciones exhaustivas. La federación reiteró su compromiso con la defensa de la sostenibilidad del Fondo, pero insistió en que la prima constituye un derecho legal para quienes cumplen estrictamente los requisitos establecidos.
"Exigimos respeto por el debido proceso y total transparencia en la revisión de cada caso", declararon voceros de Fecode, añadiendo que la situación no debe afectar injustamente a los maestros pensionados que sí tienen derecho legítimo al beneficio.
Por su parte, Herman Bayona Abello, presidente del Fomag, sostuvo que las acciones emprendidas no buscan desconocer los derechos del Magisterio, sino proteger los recursos del Fondo y evitar posibles perjuicios económicos y jurídicos para los docentes en el futuro.
Implicaciones legales y próximos pasos
El Fomag ya presentó denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el abogado involucrado y contra todas las personas que autorizaron los pagos irregulares. "Será la autoridad competente quien determine la eventual existencia de conductas punibles", indicó la entidad en su comunicado oficial.
La investigación fiscal ahora deberá determinar responsabilidades penales, administrativas y disciplinarias, mientras el sector educativo colombiano espera respuestas claras sobre el manejo de los recursos destinados a los maestros pensionados. Este caso marca un precedente importante en la transparencia de la administración de fondos públicos destinados a la educación en Colombia.
