El proyecto de ley de jurisdicción agraria está al borde del hundimiento en medio de una pelea que se intensifica entre el Gobierno de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, los productores agrícolas y el Congreso. Para la administración de Gustavo Petro, quienes se oponen representan el poder de "gamonales y terratenientes" y no deberían llamarse demócratas. Mientras tanto, los magistrados de la Corte Suprema y los críticos advierten que se pretende dejar a los jueces agrarios como figuras decorativas y concentrar el poder en el Gobierno, abriendo paso a decisiones arbitrarias.
¿El Gobierno busca un poder excesivo? La polémica por el artículo 9
Actualmente, los procesos sobre baldíos deben pasar por un juez, lo que el Gobierno considera engorroso y ha ralentizado la reforma agraria. Por ello, en el artículo 9 del proyecto se propone que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) decida todos los procesos relacionados con baldíos de la Nación, mientras que los jueces agrarios intervendrían solo cuando exista oposición. Esto incluye la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, revocatoria directa de adjudicaciones, reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria y caducidad administrativa.
Sin embargo, esta propuesta genera una enorme resistencia, incluso entre los magistrados. La magistrada Martha Patricia Guzmán explicó: "Al atribuir a la ANT el trámite predominante de procedimientos que inciden en derechos subjetivos consolidados, como la recuperación de baldíos o la extinción de dominio agrario, el proyecto debilita el control judicial especializado que justifica la creación de esta jurisdicción. No se trata de desconocer las facultades administrativas de la ANT, sino de garantizar que el juez agrario sea el eje central del control sobre decisiones que afecten derechos fundamentales vinculados a la tierra".
Las críticas de los magistrados coinciden con las advertencias de los gremios del sector. El presidente de la SAC, Jorge Bedoya, afirmó: "Si una entidad del Gobierno tiene todo el poder de investigar y tomar decisiones sobre la tierra, los ciudadanos quedarán vulnerables frente al poder excesivo del Gobierno. Es necesario que se respete el acuerdo de paz, lo dicho por la Corte Constitucional y que se brinden garantías judiciales y debido proceso. La justicia rural debe ser definida por los jueces, no por el Gobierno".
"No puede llamarse demócrata quien quiere detener la reforma agraria": la defensa del Gobierno
El presidente Gustavo Petro declaró que la Corte "ha cerrado el camino de la reforma agraria". La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, escribió en redes sociales: "No puede llamarse demócrata quien quiere detener la reforma agraria o quien facilita el acaparamiento y la concentración". El presidente de la ANT, Felipe Harman, aseguró que "al poder gamonal y terrateniente" le molestan las facultades administrativas de su entidad y no quieren que se usen.
El Gobierno prometió en su Plan de Desarrollo entregar 1,5 millones de nuevas hectáreas de tierra a través del Fondo de Tierras de la reforma agraria, usando mecanismos como la compra voluntaria. A finales de marzo, el Fondo tenía apenas 763.545 hectáreas, de las cuales entregó poco más de 303.000. En este panorama, los baldíos son clave. Harman indicó que el Gobierno tiene identificadas 2,85 millones de hectáreas con "presunta" condición de baldíos, y mientras no se aclare, no se pueden comprar ni usar. El Gobierno pretende aclararlas por sí mismo y acelerar el proceso. Aunque el centro de la polémica es el artículo 9, el proyecto incluye varios artículos que atribuyen a los jueces el deber de defender la soberanía alimentaria y otros objetivos de política pública, en una ley que debería centrarse en el procedimiento legal.
¿Para dónde va la pelea? El Gobierno se acerca a una nueva derrota
Si la ley de jurisdicción agraria no se aprueba antes del fin de las sesiones ordinarias, se hundirá por falta de tiempo. En la Cámara de Representantes, donde el Gobierno tiene mayoría cómoda, ni siquiera se ha votado el primer artículo por falta de quórum. Se requieren 94 representantes, pero solo asistieron 61, por lo que la discusión se aplazó al próximo martes. El mayor reto será lograr mayorías en el Senado, que ya ha hundido varias iniciativas clave, incluyendo dos reformas tributarias.
La ley de jurisdicción agraria se perfila como otra derrota para el Gobierno. Si se hunde, la reforma agraria terminará el mandato con resultados muy por debajo de lo prometido: menos de la mitad de las hectáreas comprometidas entregadas y 2,85 millones de hectáreas de baldíos sin resolver. El próximo Gobierno heredará no solo el debate, sino también las tensiones entre el Ejecutivo, la justicia y el sector productivo sobre quién debe decidir el futuro de la tierra en Colombia.
