La aprobación del presidente Gustavo Petro del ingreso de miembros de cuatro grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) vino acompañada de una condición: los integrantes de esas estructuras que tengan órdenes de extradición vigentes no podrán entrar en una primera fase. Esa “situación será objeto de evaluación posterior por parte del Presidente de la República”, se lee en el comunicado emitido el 13 de mayo por la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz.
Grupos armados autorizados a ingresar a las ZUT
Según indica ese documento, la decisión se tomó tras una reunión del jefe de Estado con el comisionado de paz, Otty Patiño, y jefes de las delegaciones del Gobierno en los diálogos de paz total. Entre ellos, Álvaro Jiménez, delegado en el proceso con el Clan del Golfo; Armando Novoa, de los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; Gloria Quiceno, negociadora en la mesa del Estado Mayor de los Bloques y Frente; y Carlos Erazo, jefe negociador del Ejecutivo en el tablero de paz de Comuneros del Sur. Fue para esos cuatro grupos que el presidente autorizó el ingreso a las ZUT.
Extraditables excluidos de la primera fase
Entre los líderes que no podrán ingresar a las ZUT se encuentran:
- Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, “Chiquito Malo”: Máximo comandante del Clan del Golfo, con orden de extradición de Estados Unidos desde 2018 por narcotráfico. La Corte Suprema avaló su entrega en enero, pero la decisión final está en manos de Petro. Fue declarado “objetivo de alto valor” por Colombia y EE.UU. en febrero.
- Geovanni Rojas, “Araña”: Jefe de los Comandos de Frontera, capturado en febrero de 2025 en Bogotá con fines de extradición por tráfico de drogas. Petro frenó su extradición condicionada a la erradicación de cultivos de coca. Su posible exclusión de la ZUT llevó a la CNEB a pausar la mesa de diálogo.
- Andrés Allende: Comandante de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, sancionado por el Tesoro de EE.UU. en diciembre de 2024 por narcotráfico. Acusado de controlar rutas entre Colombia y Ecuador y colaborar con el cartel de Sinaloa.
- Javier Alfonso Velosa García, “John Mechas”: Jefe del Frente 33 de la disidencia de Calarcá en Catatumbo, requerido por EE.UU. por el atentado contra el expresidente Iván Duque y ataques con explosivos en Bogotá donde murieron dos menores.
- Willinton Henao Gutiérrez, “Mocho Olmedo”: Segundo al mando del Frente 33, buscado por EE.UU. desde 2023 por concierto para delinquir y narcotráfico. La Corte Suprema avaló su extradición en mayo de 2025, pero Petro la suspendió por su rol en la mesa de negociación.
- Gabriel Yepes Mejía, “H.H.”: Máximo comandante de Comuneros del Sur, acusado en Texas por tráfico de cocaína. La Corte Suprema avaló su extradición en abril de 2025, pero Petro la frenó en mayo por su participación en la paz total.
- Oliverio Orfilio Pai, “Chuky”: Delegado en la mesa de paz con Comuneros del Sur, buscado por acciones cometidas en el ELN. La Fiscalía suspendió su orden de extradición en noviembre de 2024.
- Jorge Wilfredo Rosero Marín, “Fercho”: También de Comuneros del Sur, con circular azul de Interpol por narcotráfico. Su orden de extradición fue frenada por la Fiscalía en noviembre de 2024.
Estas exclusiones reflejan la complejidad del proceso de paz total, donde la lucha contra el narcotráfico y las demandas de extradición de Estados Unidos chocan con los esfuerzos de negociación del Gobierno colombiano. La decisión final sobre los extraditables queda en manos del presidente Petro, quien deberá equilibrar la justicia internacional con la búsqueda de la paz.
