El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate alrededor de la reforma agraria y el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Esta vez, el mandatario aseguró que informará ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el Estado colombiano estaría incumpliendo el primer punto del acuerdo firmado con las extintas Farc, relacionado con la transformación del campo y el acceso a la tierra.
Controversia en el Congreso por la Jurisdicción Agraria
El anuncio se produjo luego de una fuerte controversia en el Congreso por el proyecto de ley que busca reglamentar la Jurisdicción Agraria, es decir, el sistema de jueces especializados que resolvería conflictos sobre tierras rurales en Colombia. A través de su cuenta en X, Petro aseguró que el incumplimiento no sería responsabilidad exclusiva de su Gobierno, sino de lo que calificó como una “revancha conservadora” que, según él, estaría frenando el avance de la reforma agraria.
“Tendré que dar información sobre el compromiso del Estado colombiano incumplido ante la paz”, escribió el mandatario.
La discusión por los baldíos y la reforma agraria
El presidente relacionó directamente esta controversia con las decisiones judiciales sobre los baldíos, es decir, las tierras que pertenecen al Estado y que deben ser entregadas a campesinos sin tierra. Según Petro, sectores de la Corte Suprema de Justicia estarían cerrando las posibilidades para democratizar el acceso a la propiedad rural en el país.
“Con la decisión de sectores de la Corte Suprema de Justicia que aniquila la acción administrativa sobre la tenencia de los baldíos que pertenecen a la Nación, ha cerrado la única válvula que existía desde hace décadas para democratizar la tenencia de la tierra”, publicó. El mandatario también advirtió sobre posibles tensiones sociales en las regiones rurales y aseguró que espera que este escenario no derive nuevamente en violencia en el campo colombiano.
Reparos de la Corte Suprema al proyecto de ley
Los pronunciamientos del jefe de Estado se dieron después de la sesión del 13 de mayo de 2026 en la Cámara de Representantes, donde varios magistrados de la Corte Suprema acudieron para expresar reparos frente al proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria. Entre los asistentes estuvieron los magistrados Hilda González Neira, Patricia Guzmán Álvarez, Fernando Jiménez Valderrama, Adriana Consuelo López Martínez y Carlos Mantilla. La principal discusión se concentró en el artículo noveno del proyecto, que le otorgaría a la Agencia Nacional de Tierras la facultad de resolver directamente algunos conflictos sobre propiedad rural sin necesidad de pasar inicialmente por un juez. Desde la Corte Suprema insistieron en que estos procesos deben permanecer bajo control judicial.
El caso Laserna y la advertencia ante la ONU
En medio de sus declaraciones, Petro también mencionó a Nicolás Laserna, primo de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. El caso se relaciona con la finca Buenavista, ubicada en La Primavera, de 6.182 hectáreas, cuyo proceso judicial terminó favoreciendo al Estado luego de que la Corte Suprema determinara que los predios sin antecedentes registrales se presumen baldíos. Según explicó el alto tribunal, esas tierras no pueden ser adquiridas únicamente por ocupación prolongada. Finalmente, Laserna firmó un acuerdo con la ANT y devolvió las hectáreas al Estado a comienzos de mayo de 2026.
El presidente sostiene que este tipo de decisiones afectan directamente la implementación del punto uno del Acuerdo de Paz, relacionado con la reforma rural integral. Petro recordó además que Colombia asumirá próximamente la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organismo ante el cual —según dijo— expondrá lo que considera un incumplimiento del compromiso adquirido por el Estado colombiano ante la comunidad internacional. El mandatario argumenta que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 fue elevado ante Naciones Unidas mediante las resoluciones 2261 de 2016 y 2366 de 2017, que dieron origen a las misiones de verificación de la ONU en Colombia. Por eso, insiste en que dicho acuerdo representa una obligación de Estado que debe ser cumplida por todos los gobiernos y las instituciones, más allá de los cambios políticos.
Mientras tanto, el proyecto de Jurisdicción Agraria continúa estancado en el Congreso. Según cifras de la ANT, actualmente existen 366 procesos agrarios pendientes que involucran cerca de 112.000 hectáreas para la reforma agraria, además de unos 29.000 procesos de clarificación sobre tierras públicas y privadas que siguen sin resolverse.
