El presidente Gustavo Petro anunció que acudirá ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para denunciar un supuesto incumplimiento del Estado colombiano frente al primer punto del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc, relacionado con la reforma rural integral. La reacción del mandatario se produjo después de que magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuestionaran en el Congreso el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria.
Denuncia internacional por incumplimiento
A través de su cuenta en X, el jefe de Estado afirmó: “Tendré que dar información sobre el compromiso del Estado colombiano incumplido ante la paz, no en virtud del actual gobierno, sino en virtud de una revancha conservadora que se ha tomado los dos poderes públicos para frenar el mandato del pueblo que sigue el gobierno y el compromiso con la humanidad que se declaró ante la ONU en gobierno anterior y que vincula la totalidad del Estado sin excepción”.
Relación con decisiones judiciales sobre baldíos
El mandatario relacionó esa discusión con las decisiones judiciales sobre los baldíos, es decir, los terrenos que pertenecen a la Nación y que pueden ser adjudicados a campesinos sin tierra. Petro sostuvo que “con la decisión de sectores de la Corte Suprema de Justicia que aniquila la acción administrativa sobre la tenencia de los baldíos que pertenecen a la Nación ha cerrado la única válvula que existía desde hace décadas para democratizar la tenencia de la tierra”.
El presidente también lanzó una advertencia sobre las consecuencias que, a su juicio, podría generar el bloqueo de las medidas agrarias. “Este cierre judicial a la democratización de la propiedad de la tierra ojalá no sea respondido con la violencia social de nuevo en los campos, solo una Corte Constitucional muy afín al Estado social de derecho puede detener lo que sobreviene, solo el poder constituyente puede ahora evitar la violencia”, escribió. Además, pidió al movimiento campesino e indígena “expresarse”.
Corte Suprema cuestionó funciones de la ANT
La controversia se agudizó durante la sesión del 13 de mayo de 2026 en la Cámara de Representantes, donde varios magistrados de la Corte Suprema expusieron reparos frente al proyecto que busca poner en marcha los jueces especializados en tierras.
Los magistrados Hilda González Neira, Patricia Guzmán Álvarez, Fernando Jiménez Valderrama, Adriana Consuelo López Martínez y Carlos Mantilla señalaron sus preocupaciones sobre el artículo noveno de la iniciativa. Ese apartado le otorga a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la posibilidad de resolver ciertos conflictos sobre propiedad rural sin intervención inicial de un juez.
Durante la plenaria, el magistrado Mantilla afirmó: “Consideramos que sin perjuicio de las funciones de la Agencia Nacional de Tierras, consideramos que las controversias agrarias tienen su materialización práctica frente a la reforma constitucional y la ley estatutaria, cuando ellas son conocidas por la autoridad judicial”.
Tras la intervención de los togados, la Cámara perdió quórum y el debate quedó suspendido. En el Senado también se frenó la discusión luego de la salida de sectores de oposición durante la votación de impedimentos.
Reacción del Gobierno
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, indicó que el Gobierno buscará consensos alrededor del polémico artículo y abrió la posibilidad de establecer un “control judicial automático” sobre las decisiones adoptadas por la ANT.
El caso Laserna y el debate sobre los baldíos
En sus mensajes, Petro mencionó a Nicolás Laserna, familiar de la senadora Paloma Valencia. El caso hace referencia a la finca Buenavista, ubicada en La Primavera, Vichada, de más de 6.000 hectáreas, cuya propiedad fue objeto de disputa judicial.
Aunque en 2014 se reconoció la propiedad privada sobre el predio, la ANT apeló la decisión y el expediente llegó hasta la Corte Suprema, que finalmente concluyó que los terrenos sin antecedentes registrales deben presumirse como baldíos de la Nación. El alto tribunal señaló que “los bienes que no cuenten con antecedentes registrales se presumen baldíos y, por lo tanto, no pueden ser adquiridos por ese modo”.
Contexto internacional
El debate ocurre mientras Colombia ocupa un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2026-2027 y se prepara para asumir la presidencia rotatoria del organismo en los próximos días.
El Gobierno sostiene que el Acuerdo de Paz de 2016 adquirió un carácter de compromiso internacional luego de ser respaldado por resoluciones de la ONU, razón por la cual Petro considera que el Estado colombiano debe responder ante la comunidad internacional por eventuales incumplimientos en materia de reforma agraria.
La discusión legislativa continúa contrarreloj. El Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio de 2026 para aprobar la ley ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria. Según cifras de la ANT, actualmente existen 366 procesos agrarios pendientes que involucran unas 112.000 hectáreas, además de cerca de 29.000 procesos de clarificación de tierras que siguen sin resolución.
