El presidente Gustavo Petro volvió a convocar a movilizaciones sociales luego de que magistrados de la Corte Suprema de Justicia expresaran reparos al proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria. La controversia se centra en la propuesta gubernamental de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) asuma la facultad de resolver directamente conflictos sobre la propiedad de predios rurales, sin intervención judicial.
Petro cuestiona a magistrados
Durante la jornada del jueves 14 de mayo de 2026, el mandatario se mostró disgustado por la posición de algunos magistrados de la Corte Suprema, quienes consideran que esos conflictos deben ser resueltos por jueces y no por la ANT. En sus declaraciones, Petro instó a las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a iniciar “la gran lucha por la tierra y el cumplimiento de la constitución en Colombia”.
“Pueden expresarse ya como poder constituyente al lado de la población colombiana. Solo el pueblo decide si retrocedemos a la constitución de 1886... o se aplica el estado social de derecho de la constitución de 1991”, escribió en la red social X.
Críticas al sector agropecuario
El presidente también arremetió contra el sector agropecuario, que ha cuestionado algunos puntos de la reglamentación, especialmente los que definen quién toma decisiones en los conflictos. Petro advirtió que “este cierre judicial a la democratización de la propiedad de la tierra ojalá no sea respondido con la violencia social de nuevo en los campos”.
Postura de la Corte Suprema
Los magistrados Hilda González Neira, Patricia Guzmán Álvarez, Fernando Jiménez Valderrama, Adriana Consuelo López Martínez y Carlos Mantilla expusieron sus reparos en la plenaria de la Cámara de Representantes el 13 de mayo. El magistrado Mantilla señaló: “Consideramos que las controversias agrarias tienen su materialización práctica frente a la reforma constitucional y la ley estatutaria, cuando ellas son conocidas por la autoridad judicial”.
El proyecto de ley busca crear jueces especializados en conflictos de tierra, pero el artículo noveno otorga a la ANT la capacidad de resolver directamente algunos casos, lo que ha generado el rechazo de la Corte Suprema.
Llamado al poder constituyente
Petro pidió al movimiento campesino e indígena “expresarse” y advirtió que informará al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el incumplimiento del primer punto del Acuerdo de Paz, que aborda la reforma rural integral. “Tendré que dar información sobre el compromiso del Estado colombiano incumplido ante la paz... en virtud de una revancha conservadora que se ha tomado los dos poderes públicos”, afirmó.
El presidente también vinculó el tema de las tierras con el narcotráfico y el sistema de pensiones, señalando que “queda en pie el robo del narcotráfico a las tierras de la nación que son del pueblo colombiano y fue la causa de la muerte de 200.000 personas”.
