Proporcionalidad rota: el fracaso de La Habana y el espejismo de la Paz Total en Colombia
Colombia apostó de manera decisiva por la paz negociada en el año 2016. El histórico acuerdo firmado en La Habana bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos prometía cerrar definitivamente un conflicto armado que había desangrado al país durante más de medio siglo. La nación aceptó concesiones jurídicas extraordinarias, incluyendo justicia transicional, participación política garantizada y sanciones restaurativas, bajo un supuesto fundamental: que la violencia disminuiría de manera sostenible y que el narcotráfico perdería su capacidad estructural.
El sacrificio institucional y la fractura ética
Una parte significativa de la sociedad colombiana aceptó ese intercambio complejo bajo el principio de proporcionalidad histórica: menos castigo retributivo a cambio de menos guerra y violencia. Diez años después de aquel momento crucial, la pregunta se vuelve inevitable y apremiante: ¿fue realmente proporcional el enorme sacrificio institucional frente a los resultados concretos obtenidos?
El diseño jurídico especial permitió que antiguos comandantes guerrilleros ocuparan curules en el Congreso de la República mientras simultáneamente comparecían ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Para algunos analistas y sectores políticos, esto representaba el precio necesario del desarme y la desmovilización. Sin embargo, en la práctica cotidiana, esto generó una profunda fractura ética: responsables directos de crímenes graves participando activamente en la elaboración de las leyes nacionales, mientras el país entero asumía el elevado costo moral del acuerdo de paz.
La transformación de la violencia y las economías ilícitas
El problema central no reside en la legalidad formal de los mecanismos, sino en su eficacia material y concreta. Tras la desmovilización de las Farc, amplias zonas territoriales que antes estaban controladas por esta guerrilla fueron rápidamente ocupadas por diversos actores:
- Disidencias de las mismas Farc que no se acogieron al proceso
- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) en expansión
- Nuevas estructuras narcotraficantes y criminales
Las economías ilícitas no desaparecieron como se esperaba; más bien se transformaron y adaptaron a las nuevas circunstancias. La sustitución integral de cultivos ilícitos avanzó con notables dificultades y retrocesos. El narcotráfico no fue desmontado estructuralmente; por el contrario, se fragmentó y en varias regiones estratégicas consolidó nuevas y más peligrosas dinámicas criminales. La violencia no se extinguió como se prometió; simplemente cambió su configuración y se dispersó territorialmente.
La política de "Paz Total" y sus paradojas
A esta compleja realidad se suma ahora la política de "Paz Total" impulsada vigorosamente por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta estrategia amplió sustancialmente el modelo negociador hacia múltiples actores armados, incluyendo grupos de naturaleza predominantemente criminal. Los ceses parciales de fuego, las negociaciones fragmentadas y la persistencia del control ilegal en corredores estratégicos han alimentado consistentemente la percepción ciudadana de un debilitamiento preocupante del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado.
El resultado actual presenta una paradoja profundamente inquietante: hay más mesas de diálogo y negociación, pero no necesariamente menos violencia estructural. Existe más discurso público de reconciliación nacional, pero crece visiblemente la inseguridad personal y jurídica en distintas regiones del país. La inversión privada se vuelve cautelosa y el ciudadano común percibe un Estado permanentemente tensionado entre la necesidad de negociar y la obligación de ejercer autoridad efectiva.
El núcleo del debate: la proporcionalidad erosionada
Aquí emerge con claridad el núcleo central del debate nacional: la cuestión de la proporcionalidad. Colombia aceptó generosamente una justicia transicional diferenciada para cerrar el conflicto histórico con las Farc. Sin embargo, si la violencia reaparece bajo nuevas siglas y modalidades, si las economías ilícitas se expanden en lugar de contraerse, y si la seguridad territorial continúa siendo frágil y fragmentada, la ecuación completa se desbalancea inevitablemente. La concesión institucional fue extraordinariamente alta; el resultado obtenido sigue siendo ampliamente discutible y cuestionado.
La paz verdadera no se mide únicamente por la firma formal de un acuerdo diplomático ni por la existencia protocolaria de mesas de diálogo. Se mide fundamentalmente por la reducción sostenida del miedo ciudadano, por el control efectivo del territorio nacional y por la confianza renovada de la población en la ley y las instituciones. Sin una proporcionalidad clara y evidente entre la magnitud de las concesiones y la calidad de los resultados, la legitimidad democrática se erosiona progresivamente. Y sin una legitimidad sólida y compartida, ninguna arquitectura jurídica por sofisticada que sea podrá consolidar jamás una paz estable y verdaderamente duradera para Colombia.
