Reducción en natalidad abre oportunidad para cerrar brechas educativas en Colombia
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, ha planteado una perspectiva innovadora frente a un fenómeno demográfico que afecta al país: la disminución sostenida en la tasa de natalidad. Según el funcionario, esta tendencia, que podría representar desafíos para el sistema educativo a largo plazo, también ofrece una oportunidad única para redirigir recursos y cerrar las profundas brechas que persisten en el sector.
Un cambio demográfico con impacto educativo
La tasa de natalidad en Colombia ha disminuido de forma sustancial durante la última década, y las proyecciones indican que, en el mediano plazo, la pirámide poblacional podría comenzar a invertirse. Este fenómeno tiene una incidencia directa en el sector educativo, afectando inicialmente los niveles de preescolar y básica primaria, y posteriormente la educación media y superior.
"La reducción de la natalidad puede permitir redirigir recursos para cerrar esas brechas", afirmó el ministro Rojas durante una entrevista exclusiva. El funcionario destacó que, en lugar de ver únicamente los desafíos, es necesario identificar las oportunidades que presenta esta transformación demográfica.
Oportunidad para mejorar infraestructura y cobertura
Uno de los problemas más críticos que enfrenta la educación colombiana es el déficit en infraestructura escolar, que según una encuesta del Fondo de Infraestructura Escolar, ronda los $200 billones. Este déficit se concentra especialmente en zonas rurales, donde muchas instituciones presentan condiciones precarias:
- Techos deteriorados y aulas en mal estado
- Falta de baterías sanitarias dignas
- Cocinas inadecuadas para la preparación de alimentos
- Clases al aire libre por falta de espacios adecuados
Con una menor cantidad de estudiantes en el sistema, el ministro plantea que se podrían optimizar los recursos para atender estas necesidades urgentes. Por ejemplo, en el programa de alimentación escolar, donde actualmente la cobertura es del 85%, se podría alcanzar el 100% en el corto plazo, garantizando que ningún niño estudie sin acceso a una comida adecuada.
Reforma a la Ley 30 y financiamiento universitario
En marzo de 2026 fue sancionada la Ley 2568, que reforma la fundamental Ley 30 de 1992, norma que organiza el servicio público de la educación superior. El principal cambio introducido por esta reforma es el mecanismo de indexación para programar los recursos destinados a las universidades públicas.
"Lo que sucedía era que la Ley 30 establecía que los recursos para las universidades públicas debían crecer, año tras año, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)", explicó Rojas. "Sin embargo, el IPC refleja la variación de precios de una canasta básica de bienes y servicios, mientras que los costos de la educación superior son más altos y tienen mayores complejidades".
La reforma establece que, en lugar del IPC, se utilizará el Índice de Costos de la Educación Superior, que refleja de manera más precisa lo que realmente cuesta mantener una universidad pública. Además, se incorpora un elemento contracíclico: en los casos en que el IPC supere este índice, se utilizará la inflación como referencia.
Preocupación por impuesto al patrimonio a universidades
El ministro Rojas expresó su desacuerdo con el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas decretado durante la Emergencia Económica, que afecta también a las universidades privadas. "Estoy en desacuerdo con ese impuesto", afirmó categóricamente, señalando que ya solicitó al ministro de Hacienda una mesa técnica para discutir el tema.
Según el ministro de Educación, aunque el espíritu del impuesto está dirigido a otras entidades, termina afectando a las universidades privadas, especialmente a aquellas de rango medio que ofrecen una buena relación entre costo y calidad para estudiantes de estratos medios. "Si se aplica el impuesto al patrimonio, ese costo se trasladará a las matrículas y afectará la lógica que buscamos mantener", advirtió.
Crecimiento en cobertura y matrículas
Pese a los desafíos, el sistema educativo colombiano muestra signos positivos. La tasa de cobertura en educación superior pasó del 52% al 59,7%, acercándose al 60%. Las matrículas en universidades privadas han crecido consistentemente, pasando de 1,34 millones de estudiantes en 2022 a 1,40 millones en 2024, con expectativas de que esta tendencia continúe en 2025.
Las transferencias a instituciones públicas de educación superior también han aumentado significativamente, pasando de $8,3 billones a $14 billones en 2025, lo que representa un incremento del 55,8%. Este aumento tiene una lógica distributiva orientada a cerrar brechas de desigualdad dentro del sistema universitario estatal.
Un sistema mixto para el futuro educativo
El ministro Rojas enfatizó la importancia de mantener un sistema educativo mixto en Colombia. "Colombia requiere un sistema mixto", afirmó. "No se trata únicamente de un modelo estatal y público, sino de complementariedad, ya que el sector público no tiene la capacidad de absorber toda la demanda existente en el país".
Para fortalecer esta complementariedad, el Ministerio de Educación está trabajando con las universidades privadas en un programa denominado "ecosistema empático de educación superior", que les permite acceder a recursos orientados a investigación, docencia e incidencia, alineados con los motores de desarrollo del Gobierno: la reforma agraria, la industrialización y la transición energética.
La visión del ministro Rojas apunta a transformar los desafíos demográficos en oportunidades concretas para mejorar la calidad, equidad y cobertura del sistema educativo colombiano, aprovechando cada recurso disponible para construir un futuro más inclusivo y competitivo para las nuevas generaciones.
