Negociaciones de paz enfrentan crisis por tensiones en extradiciones y órdenes de captura
Al menos cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) establecidas para facilitar el tránsito a la vida civil de integrantes de grupos armados ilegales –dentro del marco de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro– se encuentran actualmente en una situación de incertidumbre crítica. Esta crisis se debe a los recientes tropiezos en dos mesas de diálogo fundamentales, marcadas por tensiones significativas alrededor de órdenes de captura y solicitudes de extradición pendientes.
Dos procesos paralizados simultáneamente
Por un lado, las dos zonas previstas en los departamentos de Putumayo y Nariño para la disidencia de Walter Mendoza –conocida como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB)– enfrentan una pausa anunciada oficialmente este 16 de febrero. Por otro lado, los tres espacios pactados para el Clan del Golfo en las regiones de Chocó y Córdoba, cuyo inicio estaba programado para el pasado 1 de marzo, permanecen completamente frenados sin fecha de reactivación definida.
La situación se complica aún más con la reciente crisis diplomática con Ecuador, luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó categóricamente que el país vecino estaba bombardeando territorio colombiano. "Están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", expresó el mandatario colombiano, añadiendo que "ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se van a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien".
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa respondió descalificando completamente estas acusaciones, señalando en redes sociales que las declaraciones de Petro carecían de veracidad. "Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas (...). Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos, que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera", afirmó Noboa con contundencia.
La crisis en la mesa de Walter Mendoza
Una carta divulgada este 16 de marzo por parte de la disidencia CNEB evidenció el profundo desgaste que atraviesan los procesos de diálogo dentro de la estrategia de paz total. En el comunicado oficial, la estructura armada anunció que deja "en pausa" la mesa de negociación que adelantaba con el Gobierno nacional, decisión tomada tras la muerte de Alexander Rondón, conocido como "Machaco", quien, según la versión del grupo, falleció durante un operativo militar del Ejército colombiano.
El Ministerio de Defensa, sin embargo, emitió un desmentido oficial, asegurando que es "falso que la Fuerza Pública haya desarrollado operaciones en la zona, en la fecha señalada, contra esa estructura". Fuentes cercanas al proceso de paz revelaron a medios especializados que detrás de esta decisión existiría otro factor determinante: el futuro judicial de Geovanny Andrés Rojas, conocido como "Araña", comandante de los Comandos de Frontera, quien tiene una orden de extradición formalmente avalada por la Corte Suprema de Justicia.
Según estas mismas fuentes, el Gobierno colombiano se habría comprometido inicialmente a trasladar a "Araña" una vez iniciara formalmente la ZUT, pero recientemente habría señalado que no se encuentra en condiciones legales de cumplir ese acuerdo específico. Sobre la mesa de negociación también se habrían planteado alternativas como trasladar a 99 de los 100 integrantes previstos –excluyendo específicamente a "Araña"– a la zona de Putumayo, o incluso continuar el diálogo político sin la implementación inmediata de la ZUT. Este escenario complejo habría llevado finalmente a la disidencia a frenar unilateralmente la negociación.
Aunque en el comunicado oficial no se menciona explícitamente esta situación de extradición, la CNEB sí cuestiona abiertamente la captura de "Araña", ocurrida en febrero de 2024. "No les fue suficiente con capturar ilegalmente a uno de nuestros comandantes mientras dialogaba con el estado en búsqueda de la tan anhelada paz para nuestros pueblos. Exigimos al señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, a su ministro de defensa, a la mesa de paz por parte de gobierno, investiguen sobre la orden y su procedencia", se lee textualmente en el mensaje divulgado.
Clan del Golfo: entre retrasos administrativos y revocatorias
Tanto en el proceso de la disidencia de Mendoza como en el del Clan del Golfo, el alcance operativo de las ZUT ha estado definido por resoluciones gubernamentales que contemplan un punto clave: la suspensión temporal de las órdenes de captura, incluidas específicamente aquellas con fines de extradición, para los integrantes que ingresen formalmente a estas zonas de transición.
En el caso concreto de la CNEB, la resolución firmada el pasado 26 de febrero por el Gobierno de Gustavo Petro establece claramente que "quedan suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano". De manera similar, en la resolución del 22 de diciembre que dio luz verde a las ZUT del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) se precisa que esa suspensión aplica también durante el desplazamiento hacia esas zonas de los integrantes incluidos en los listados avalados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Sin embargo, este marco jurídico para ambos grupos parece tambalearse significativamente. El pasado 9 de marzo, el alto comisionado de paz, Otty Patiño, firmó una resolución que revocó formalmente la suspensión de las órdenes de captura contra varios miembros del EGC, incluyendo específicamente a su máximo comandante, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como "Chiquito Malo". Esta medida se había adoptado originalmente en diciembre para facilitar su ingreso a las ZUT, previsto inicialmente para el 1 de marzo, fecha que finalmente no se concretó.
"El 24 de diciembre el EGC entregó un listado preliminar de un grupo de personas y ese listado tiene una fecha de ingreso a la ZUT que indica la resolución: el 1 de marzo. Entonces, en la medida en que la fecha pasó y no se dio el ingreso, tenemos que hacer un acto administrativo que suspenda esa fecha y dejar abierto a ver cuándo definimos", explicó Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno Petro en los diálogos con el Clan del Golfo, en declaraciones a medios de comunicación.
Aunque tanto la resolución oficial como Jiménez argumentan que la revocatoria responde principalmente a este incumplimiento de plazos, la decisión administrativa ha abierto interrogantes sustanciales sobre si también obedece a tensiones más profundas dentro del proceso de negociación. Esta duda se intensifica considerando que el 27 de febrero, el Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación (MTSMV) –integrado por el Gobierno, el EGC y la MAPP-OEA– ya había advertido oficialmente que el ingreso se aplazaría por tres factores concretos: las fuertes lluvias en Chocó y Córdoba, la muerte de "Gonzalito" durante el traslado hacia la ZUT y la suspensión temporal que había experimentado la mesa de negociación durante el mes de febrero.
El futuro incierto de las ZUT y la paz total
Por el momento, no se ha definido ninguna nueva fecha concreta en la que los integrantes del Clan del Golfo –considerada la mayor estructura armada del país– ingresarán finalmente a las ZUT establecidas. Ante la pregunta directa de si una vez se defina la fecha se volvería a suspender las órdenes de captura de "Chiquito Malo", el negociador Jiménez señaló prudentemente que se harán las "actuaciones que, de acuerdo con la ley, corresponden" en ese momento específico.
En este contexto complejo, las Zonas de Ubicación Temporal quedan hoy atravesadas por múltiples tensiones políticas, jurídicas y operativas, sin contar con mucho tiempo disponible para resolverlas adecuadamente. Cabe destacar que las ZUT pactadas para otros grupos como Comuneros del Sur y el frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente tampoco muestran avances significativos en su implementación.
Lo que está realmente en juego en esta crisis no es solamente la entrada o no de combatientes a estos espacios de transición, sino la viabilidad misma de una fórmula institucional que buscaba estratégicamente extender las negociaciones de paz más allá del actual gobierno de Gustavo Petro. Con varias de estas zonas actualmente en suspenso indefinido, también se abre la pregunta fundamental sobre qué tanto la política de paz total logrará sobrevivir al inevitable cambio de administración gubernamental, especialmente si llega al poder un Gobierno que no respalde explícitamente esta estrategia de diálogo y desmovilización.
