Indígenas Zenú y Embera Eyabida levantan minga en Antioquia tras acuerdo con gobernación
En la madrugada del miércoles 18 de marzo, la Gobernación de Antioquia y las comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida alcanzaron un acuerdo histórico que permitió levantar la minga que mantenían desde el lunes en el centro administrativo La Alpujarra en Medellín. Como resultado del diálogo, los manifestantes procedieron inmediatamente a desmontar las carpas y cambuches instalados y retornaron a sus territorios en los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá.
Revisión exhaustiva de acuerdos anteriores
Durante las negociaciones, se llevó a cabo una revisión minuciosa de los compromisos establecidos con las comunidades indígenas desde el año 2024. La mesa de diálogo involucró a todas las secretarías y dependencias de la gobernación, evaluando los avances en múltiples áreas fundamentales para el desarrollo de estos pueblos:
- Educación indígena y nombramiento de docentes
- Servicios de salud accesibles y culturalmente apropiados
- Vivienda digna y proyectos habitacionales
- Protección ambiental de sus territorios
- Infraestructura básica para las comunidades
- Desarrollo económico sostenible
- Proyectos sociales para mujeres, deportes y recreación
María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, explicó: "Después de un trabajo constructivo, revisamos los acuerdos de la Minga de 2024, los avances en cada una de las áreas y hemos acordado levantar la Minga indígena y de esta manera las comunidades regresarán a sus territorios".
Mensajes de unidad y diálogo pacífico
Jaime Rivera Donado, líder indígena de San Pedro de Urabá y vocero de la minga, envió un mensaje conciliador tras finalizar las negociaciones: "Un mensaje de calma, un mensaje de paz, un mensaje de armonía a todo el departamento, los pueblos indígenas en Antioquia. Estamos para dialogar, para conversar siempre con la palabra, no con la violencia. Agradecemos que no hubo temas violentos en la Minga, que no se presentaron enfrentamientos".
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que el traslado de los indígenas a Medellín "era innecesario y peligroso: niños, jóvenes y mujeres expuestos". El mandatario regional afirmó: "En Antioquia honramos los compromisos que adquirimos desde el inicio de este gobierno y lo seguiremos haciendo. Abiertos al diálogo: organizado, respetuoso y de buena fe. Pero, nunca bajo presión, violencia, vías de hecho o bloqueos".
Contexto de la protesta y momentos de tensión
El grupo de indígenas había llegado en la madrugada del lunes 16 de marzo a La Alpujarra, donde implementaron bloqueos en varias vías aledañas e impidieron temporalmente el ingreso de funcionarios a las entidades públicas ubicadas en el complejo administrativo, que incluye la gobernación, la alcaldía de Medellín, el Concejo distrital y la Personería.
Durante las protestas se registraron momentos de tensión significativos:
- La presencia del concejal Andrés "Gury" Rodríguez portando bates de béisbol para cuestionar los bloqueos indígenas
- La difusión de un video donde miembros de comunidades de Tierralta, Córdoba, señalaban que habían sido llevados a Medellín sin conocer los motivos de las protestas
Estos incidentes llevaron al gobernador Rendón y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a sugerir que las movilizaciones podrían estar relacionadas con la campaña política de Iván Cepeda, quien recientemente vinculó al departamento con la parapolítica y la narcoeconomía.
Negación de motivaciones políticas
Los representantes indígenas negaron categóricamente cualquier conexión entre sus protestas y la campaña electoral, explicando que su presencia en Medellín respondía exclusivamente a problemas concretos que afectan a sus comunidades:
- Dificultades en el nombramiento de docentes y la educación indígena
- Problemas en la adjudicación de tierras ancestrales
- Necesidad de una interlocución efectiva con la gobernación para garantizar derechos fundamentales
El acuerdo alcanzado representa un precedente importante para el diálogo entre las instituciones gubernamentales y las comunidades indígenas en Colombia, demostrando que es posible resolver conflictos sociales mediante la negociación pacífica y el respeto mutuo.
