Declaración conjunta de 13 países
En un comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, los países miembros del Escudo de las Américas expresaron su respaldo a la integridad del proceso electoral en Colombia. La declaración, publicada el viernes 10 de julio de 2026, fue firmada por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
Preocupación por dudas sobre el proceso electoral
El grupo manifestó su preocupación ante declaraciones que cuestionan la legitimidad de los comicios y generan incertidumbre sobre la transición de gobierno. "En toda democracia constitucional, la voluntad soberana de los ciudadanos, expresada libremente en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes, constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público", señalaron los firmantes.
Asimismo, advirtieron que "ignorar los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades constituye un grave desacato a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho".
Rechazo a acciones deslegitimadoras
Los países miembros rechazaron "toda acción, declaración o decisión que pretenda deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional", conocida en Colombia como proceso de empalme.
El texto enfatiza que la transición de gobierno no es una concesión política, sino "un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular".
Llamado a las autoridades colombianas
Finalmente, los países hicieron "un firme llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos; para que respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes; y para que garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho".
