El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que su cartera y la Fuerza Pública reconocen a Abelardo De La Espriella como presidente electo y acatan los resultados certificados por las autoridades electorales, en medio de controversias sobre un supuesto desconocimiento institucional.
Origen de la controversia: un documento interno
La polémica surgió tras la difusión de un documento interno del Ministerio de Defensa, fechado el 28 de junio, que daba instrucciones sobre el tratamiento protocolario que debía recibir el presidente electo antes de su posesión. En esa directriz se indicaba que De La Espriella no debía recibir honores militares antes del 7 de agosto y que cambios institucionales como imágenes oficiales y ajustes en la cadena de mando debían realizarse después de la transmisión de mando.
Sánchez rechazó que esa instrucción implicara desconocer la elección. Según explicó, una cosa es el reconocimiento político e institucional del presidente electo y otra distinta son los actos protocolarios propios del ejercicio formal del cargo.
Reconocimiento oficial del Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa ya había reconocido oficialmente los resultados de la segunda vuelta presidencial que dieron como ganador a De La Espriella, certificando su condición de presidente electo. La cartera también reafirmó la neutralidad política de la Fuerza Pública, un punto sensible en la transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de De La Espriella.
Sánchez marcó una diferencia entre el periodo de transición y el inicio formal del nuevo gobierno. De La Espriella ya es reconocido como presidente electo, pero asumirá como presidente de la República el 7 de agosto con la posesión constitucional. Esta precisión fue central en la respuesta del ministro ante los señalamientos.
Honores militares y posesión del 7 de agosto
El punto que generó la polémica no fue el reconocimiento de De La Espriella como presidente electo, sino el alcance de los honores militares y actos formales antes de la posesión. Según la directriz interna, los honores militares no deben realizarse antes del 7 de agosto, y los ajustes institucionales relacionados con imágenes oficiales y cadena de mando deben hacerse después de la transmisión de mando.
Para el Ministerio de Defensa, esta instrucción responde a criterios de protocolo institucional. La cartera sostuvo que esos actos están ligados al ejercicio formal del cargo y, por tanto, se activan cuando el nuevo presidente toma posesión. La aclaración apunta a una regla básica del orden constitucional: hasta el 7 de agosto, el presidente en funciones sigue siendo Gustavo Petro.
En el caso de la Fuerza Pública, esta precisión tiene un peso adicional, ya que el mando supremo de las Fuerzas Militares y de Policía está asociado al ejercicio de la Presidencia, no solo a la condición de presidente electo. Sánchez insistió en que no había un desconocimiento del resultado electoral, sino una medida de protocolo.
Fuerza Pública, empalme y neutralidad institucional
Sánchez recordó que las Fuerzas Militares y la Policía tienen carácter no deliberante, lo que significa que no participan en controversias partidistas y deben actuar bajo la Constitución, la ley y la autoridad civil correspondiente. La precisión llega en un momento de alta sensibilidad política por las denuncias del presidente saliente, Gustavo Petro, quien ha cuestionado la legitimidad de la victoria de De La Espriella.
Pese a ese ambiente, Defensa sostuvo una línea institucional: reconocer los resultados certificados por las autoridades electorales, mantener la neutralidad de la Fuerza Pública y garantizar la continuidad del Estado durante el empalme presidencial. El Ministerio también abrió canales de transición con el equipo designado por el presidente electo.
Tras el anuncio del general en retiro Jorge Eduardo Mora López como próximo ministro de Defensa, Sánchez le expresó buenos deseos. El empalme en Defensa tiene una importancia particular porque se trata de una de las áreas más sensibles del Estado, donde se revisan capacidades operacionales, presupuesto, logística, contratación, orden público y seguridad territorial.
Sánchez anticipó que el nuevo presidente recibirá una Fuerza Pública “fortalecida” y con “la moral en alto” para enfrentar los retos de seguridad de los próximos cuatro años. Ese mensaje reconoce la llegada de un nuevo comandante supremo una vez que se cumpla la posesión, mientras la autoridad formal se mantiene bajo el presidente en ejercicio.
