El Gobierno Nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2031 la vigencia de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), una instancia clave que sigue el cumplimiento de los compromisos pactados en La Habana en 2016. Está conformada por miembros del Ejecutivo, de la comunidad internacional y la Alta parte contratante, es decir, excombatientes de las FARC.
La decisión quedó consignada en el Decreto 0582 de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro, que amplía la duración de la Comisión más allá de los diez años previstos inicialmente en el Decreto 1995 de 2016.
El decreto sostiene que los 10 años de vigencia establecidos en 2016 debían entenderse como “un horizonte inicial y no como un límite improrrogable de la instancia”, por lo que el Gobierno conserva la facultad de extender su funcionamiento cuando sea necesario para cumplir los compromisos derivados del Acuerdo de Paz.
La prórroga también se justifica en pronunciamientos de la Corte Constitucional que han resaltado el papel de la CSIVI en la implementación del Acuerdo. El decreto recuerda que el alto tribunal la ha definido como un “instrumento esencial dentro del engranaje institucional para la implementación del Acuerdo Final de Paz”, especialmente para las tareas de verificación, seguimiento y resolución de dificultades.
La continuidad de esta instancia –se lee en el documento– cobra especial relevancia ante la situación de seguridad de los firmantes. Según el observatorio de derechos humanos de Indepaz, 485 excombatientes del Acuerdo de Paz han sido asesinados desde 2016, en muchos casos por las disidencias que se formaron después de la firma.
Ante ese panorama, en 2022, el alto tribunal declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la vulneración sistemática de sus derechos y advirtió que “la falta de operatividad en los espacios de verificación constituye una de las causas de la crisis de seguridad”. En ese contexto, la Corte dispuso de una Sala Especial de Seguimiento de la Corte, que concluyó que “el funcionamiento inconsistente de la CSIVI impide la evaluación efectiva de las garantías de seguridad” y afecta el monitoreo de las medidas de protección para los firmantes.
Seis años de atraso de la CSIVI
La decisión del Gobierno Petro también se da después de años de rezagos en el funcionamiento de la CSIVI. Aunque la instancia fue creada en 2016 como parte del Acuerdo de Paz, solo hasta 2022 se puso en marcha su funcionamiento. Ese mismo día también se reactivó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).
Durante el acto de relanzamiento el 2 de octubre de ese año, –realizado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá–, el presidente Petro aseguró que había encontrado un importante rezago en la implementación de lo pactado. “A través del gobierno, el Estado tomó la decisión de no cumplir los acuerdos de paz. Esa es mi percepción acerca de lo que he encontrado”, afirmó el mandatario.
La falta de convocatorias a la CSIVI durante la administración de Duque fue señalada por el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, como uno de los principales factores que contribuyó a ese retraso del que habló el presidente Petro.
“No haber convocado a la CSIVI o darle un puesto inferior dentro del desarrollo de los acuerdos significó desperdiciar un instrumento que pone en alerta a los funcionarios del Estado y a la sociedad sobre aquellos puntos que se van rezagando”, dijo en ese momento a Colombia+20.
Según Prada, la ausencia de este espacio de seguimiento impactó asuntos clave como las garantías de seguridad para los firmantes de paz, la protección de líderes sociales, la sustitución de cultivos de uso ilícito y otros compromisos contemplados en el Acuerdo de Paz.
