El presidente Gustavo Petro oficializó la salida de Jorge Iván Cuervo del Ministerio de Justicia, luego de que el funcionario marcara distancia pública frente a decisiones centrales del Gobierno en materia de paz total y desobediencia civil. La salida se conoció este lunes 6 de julio, a un mes del cierre del mandato, y vuelve a poner bajo presión a una cartera que ha tenido alta rotación durante esta administración.
Críticas a la paz total y salida del cargo
La decisión se produjo después de las declaraciones que Cuervo entregó en medios, en las que cuestionó la forma como el Gobierno condujo parte de las negociaciones con las disidencias de las Farc. El hasta ahora jefe de la cartera de Justicia sostuvo que “no fue correcto darles estatus de negociación política a las disidencias de las Farc” y dijo que esa determinación terminó generando dificultades jurídicas y políticas para la paz total.
Tras las declaraciones públicas, el presidente Gustavo Petro firmó el acto administrativo que retiró a Cuervo del cargo. La determinación llegó pocas horas después de que el ministro expresara sus diferencias con el llamado a la desobediencia civil y con algunas decisiones tomadas en el marco de la política de paz total. Su permanencia en el Ministerio de Justicia duró menos de seis meses.
Alta rotación en la cartera de Justicia
Cuervo había llegado al cargo en febrero de este año, en medio de una etapa de ajustes dentro del gabinete y tras varios cambios en esa cartera. Su salida se suma a una lista de relevos que incluyó a Néstor Osuna, Ángela María Buitrago, Eduardo Montealegre y Andrés Idárraga, quien estuvo encargado del despacho antes de que el abogado y académico asumiera como ministro en propiedad.
El hecho ocurre en plena recta final del Gobierno Petro y durante el proceso de empalme con la administración entrante. Además, deja en el aire la pregunta de si el presidente nombrará un nuevo ministro para las últimas semanas de gestión o si la cartera quedará bajo una figura de interinidad hasta el cambio de mando.
Diferencias por el estatus político a las disidencias
Uno de los puntos que habría marcado la distancia entre Cuervo y el Gobierno fue la valoración del tratamiento dado a las disidencias de las Farc. El ministro saliente afirmó que el reconocimiento de estatus político a esos grupos “violó el acuerdo de paz” y recordó que una decisión reciente del Consejo de Estado apuntó en esa misma dirección. Para Cuervo, esa definición tuvo efectos que no podían pasarse por alto.
En su balance, el funcionario señaló que “haberles dado estatus político a los disidentes de las Farc generó muchos problemas”. También admitió que faltaron límites más claros dentro de las negociaciones, especialmente frente a conductas que afectaran a la población civil. Entre esas líneas mencionó el “no reclutamiento de menores, no acosos a comunidades civiles, no muerte de líderes sociales”.
Aunque evitó presentar toda la política de paz total como un fracaso, Cuervo sí sostuvo que debían revisarse los procesos caso por caso. Sobre el ELN, indicó que desde hace más de dos años no hay negociación de paz, porque el Gobierno entendió que ese grupo no tenía voluntad real de avanzar.
Desobediencia civil y tensiones en el cierre del Gobierno
Otro elemento que pesó en el ambiente político fue el desacuerdo de Cuervo con el llamado a la “desobediencia civil pacífica” hecho por Iván Cepeda. El ministro dijo que no compartía esa postura, una declaración sensible en medio del debate sobre el respeto a las instituciones, las decisiones judiciales y el tono de la conversación pública en la etapa final del Gobierno.
La salida de Cuervo no fue un hecho aislado dentro de su relación con las principales apuestas políticas del presidente. Semanas atrás, el ministro también había tomado distancia de la propuesta de una constituyente y dijo que no la quería dentro de la agenda del sector justicia. “Yo nunca estuve a favor de ella y nunca firmé la constituyente”, afirmó al explicar que ese tema no debía absorber las tareas propias de la cartera.
En esa misma línea, Cuervo relató que le había planteado al presidente que la constituyente podía ser un proyecto político suyo, pero que no debía tramitarse desde el Ministerio de Justicia. Según dijo, al apartar esa discusión pudo concentrarse en otros asuntos del sector, como la reforma judicial, la jurisdicción agraria, la política carcelaria y el empalme institucional.
Impacto en el cierre de la administración
Con su salida, el Ministerio de Justicia queda nuevamente en el centro de la discusión pública. La cartera deberá cerrar temas pendientes como la entrega de información al nuevo Gobierno, la continuidad de planes sectoriales y el estado de iniciativas que no alcanzaron a completarse. La dimisión también deja una señal política sobre los límites de la deliberación interna en un gabinete que llega a su tramo final con tensiones abiertas.
