Un reciente concepto de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha vuelto a sembrar dudas sobre el trámite del proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, que actualmente se debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y ha enfrentado dificultades para avanzar en el Senado.
El artículo 9 en el centro de la polémica
El punto de controversia se centra en el artículo 9 del proyecto, que define el papel de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El concepto de la Corte advierte que las funciones que asumiría la ANT podrían marginar a la justicia en temas clave como la recuperación de baldíos, revocatoria de adjudicaciones y declaratoria de caducidad administrativa. Aunque el alto tribunal aclaró que no cuestiona las facultades actuales de la ANT, sí alertó que varios procedimientos quedarían bajo el control de una autoridad administrativa en lugar de jueces especializados.
Reacción del Gobierno
La postura de la Corte generó molestia en el presidente Gustavo Petro, quien en un discurso y en redes sociales afirmó erróneamente que se trataba de un fallo que cerraba el camino a la reforma agraria. “Acaba la Corte Suprema de expedir un fallo sobre los baldíos nacionales en donde prohíbe a la ANT hacer el saneamiento y entregarlas a las comunidades campesinas, indígenas o afro”, expresó el mandatario, quien vinculó el tema con su propuesta de asamblea constituyente.
Posteriormente, la Corte aclaró mediante un comunicado que no hubo ningún fallo, sino un concepto, y subrayó que “la definición clara de competencias fortalece la autonomía de la jurisdicción agraria y rural y es necesaria para garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en las decisiones sobre tierras”.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, también expresó sus reparos, señalando que “la discusión es acá si protegemos el régimen agrario, sus objetivos y fines, o frenamos la reforma agraria que hemos intentado consolidar en el país desde hace más de 60 años”.
Postura de la oposición
Por su parte, la senadora Paloma Valencia defendió la postura de la Corte y criticó al Gobierno: “Su Gobierno intentó hacerle conejo al proyecto de jurisdicción agraria. La ANT demandó la fase judicial de los procesos agrarios y le pidió a la Corte que la eliminara, pero fracasó estrepitosamente”. Valencia agregó que “por dárselas de vivos y querer saltarse al Congreso, crearon un precedente que ahora es vinculante: debe haber fase judicial en los procesos agrarios”.
El futuro del proyecto
Lo ocurrido complica aún más el debate de la ley ordinaria de jurisdicción agraria, que tiene poco más de un mes para ser aprobada o se hundirá por falta de trámite. En el Senado, el presidente Lidio García había señalado que esperaban la votación en la Cámara para proceder, pero las sesiones han sido suspendidas por falta de quórum. La oposición ha endurecido su posición, mientras el Gobierno insiste en la urgencia de la reforma.
