Acción judicial busca destrabar estancamiento del dragado en principal puerto del Pacífico
El debate sobre el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura ha dado un giro trascendental al ingresar formalmente a los estrados judiciales. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ha admitido la acción popular presentada por el exconcejal Juan Martín Bravo, quien busca proteger derechos colectivos que, según su argumentación, estarían siendo vulnerados por el rezago en la profundización del principal terminal marítimo del Pacífico colombiano.
Decisión judicial marca punto de inflexión
La decisión quedó consignada en un auto interlocutorio fechado el 27 de febrero de 2026, mediante el cual se ordena notificar a las entidades accionadas, entre ellas el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, la Dirección General Marítima y el Distrito de Buenaventura. Estas instituciones deberán pronunciarse dentro del proceso y responder a los cuestionamientos planteados en la demanda, abriendo así un debate jurídico de fondo sobre la competitividad portuaria.
Juan Martín Bravo celebró la admisión de la acción, destacando que "es un excelente logro que el Tribunal haya admitido esta demanda, dada la importancia que tiene Buenaventura como el puerto más importante de Colombia, el cual mueve cerca del 35% del comercio exterior del país".
Una década de anuncios sin concreción
El exconcejal insistió en que la discusión sobre el dragado no es nueva, recordando que durante más de doce años se han anunciado inversiones y planes para fortalecer la infraestructura portuaria, respaldados incluso por documentos Conpes y compromisos de distintos gobiernos, pero que esas iniciativas nunca se han materializado.
"Son más de 12 años en los que, a través de documentos Conpes y anuncios de diferentes gobiernos, se ha hablado de grandes inversiones para hacer competitivo este puerto, pero nunca se han concretado", señaló Bravo con evidente frustración.
Limitaciones técnicas que afectan competitividad
Uno de los puntos centrales del reclamo es la falta de profundidad adecuada en el canal de acceso, lo que limita severamente el ingreso de embarcaciones de mayor calado. Esta condición técnica, según el demandante, coloca a Buenaventura en clara desventaja frente a otros puertos de la región que sí han avanzado en obras de modernización.
En ese contexto, Bravo mencionó específicamente al Puerto del Callao en Perú, el cual actualmente permite el arribo de grandes buques gracias a sus condiciones de profundidad. "El puerto de Callao, en Perú, hoy está tomando suma importancia y relevancia por las profundidades que permiten el ingreso de grandes embarcaciones, mientras Buenaventura está quedando en el olvido", advirtió con preocupación.
Impacto económico y comercial
La preocupación sobre el dragado no es exclusiva del ámbito político, pues diversos sectores económicos han alertado consistentemente sobre el impacto negativo que tendría mantener un canal con limitaciones de calado. Según argumentan expertos del sector, esta condición restringe severamente:
- La llegada de nuevas rutas marítimas internacionales
- Incrementa sustancialmente los costos logísticos
- Reduce la frecuencia de servicios marítimos
- Afecta la dinámica general del comercio exterior colombiano
A juicio de Bravo, esta situación repercute directamente en la competitividad del Valle del Cauca y en la capacidad del país para aprovechar su posición estratégica sobre el océano Pacífico, perdiendo oportunidades comerciales frente a naciones vecinas.
Proceso judicial en marcha
Con la admisión de la acción popular, el Tribunal determinó que el caso cumple los requisitos formales para su estudio profundo. Ahora se abre una etapa procesal crucial en la que se analizará si existe una posible vulneración de derechos colectivos como:
- El goce de un ambiente sano y equilibrado
- La defensa del patrimonio público nacional
- La libre competencia económica
- La prestación eficiente del servicio público de transporte
Para Juan Martín Bravo, este proceso judicial representa un punto de inflexión en una discusión que ha permanecido, según su perspectiva, "en el terreno de los anuncios y las promesas incumplidas". "Lo que buscamos es que se tomen decisiones estructurales y definitivas. Buenaventura no puede seguir perdiendo terreno mientras otros puertos de la región avanzan a pasos acelerados", concluyó con determinación.
La decisión del Tribunal marca así el inicio formal de un debate que trasciende lo meramente técnico y jurídico, colocando en el centro de la discusión nacional la necesidad urgente de definir el rumbo del principal puerto del país sobre el Pacífico y su papel estratégico en el comercio exterior colombiano.
