El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un fallo histórico que suspende la intervención forzosa que el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Salud, ejercía sobre la EPS Savia Salud desde junio de 2023. La decisión, tomada por la Sala Octava de Decisión, no solo frena la toma de posesión de los bienes y negocios de la entidad, sino que otorga un plazo perentorio de 10 días hábiles a la Supersalud para realizar el empalme y devolver el control total de la EPS a sus accionistas: la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama.
Reacción de Federico Gutiérrez
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la jornada como un "día histórico" y aseguró que la justicia finalmente validó lo que su administración denunció desde el principio: que la intervención fue un acto "ilegal, arbitrario y con fines políticos" por parte del gobierno de Gustavo Petro. "Para mejorar la salud de los colombianos no había que acabarla", afirmó el mandatario, quien además vinculó la crisis con la idoneidad del actual Superintendente de Salud, a quien señaló de estar imputado por corrupción.
Gutiérrez anunció que la recuperación de la EPS vendrá acompañada de acciones legales severas. Confirmó que, una vez se retome el control administrativo, se iniciará una auditoría técnica y financiera exhaustiva para determinar el estado en que la Superintendencia entrega la entidad tras casi tres años de gestión centralizada. "Van a pagar por todo lo que hicieron ante la justicia. Están jugando con la salud y la vida de la gente", sentenció Gutiérrez, subrayando que esta victoria jurídica es fruto de un frente unido entre el sector público y privado de la región.
Reacción de Andrés Julián Rendón
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumó a la celebración institucional, pero aportó cifras alarmantes sobre el estado en que reciben la EPS. Rendón destacó que la batalla legal se libró con la convicción de que la intervención "desconocía criterios técnicos y el debido proceso". Para el gobernador, la gestión del Gobierno Nacional fue un fracaso rotundo que agravó la situación de los antioqueños en lugar de sanarla.
"Savia Salud pasó de un patrimonio negativo de 570.000 millones de pesos en 2022 a más de 1,5 billones en negativo en 2025. Un deterioro de 264%", denunció Rendón, subrayando que "la intervención, en vez de mejorarles la salud a mis paisanos, la agravó". Con un tono de firmeza constitucional, el mandatario regional afirmó que este fallo es un mensaje directo para la Casa Nariño: "ningún gobierno está por encima de la Constitución, por más poderoso que se crea".
Antecedentes de la crisis
Este desenlace judicial ocurre tras años de una gestión estatal sumamente cuestionada. Según los antecedentes del caso, en junio de 2024 la Supersalud decidió prorrogar la intervención por un año más, bajo la premisa de que los indicadores de permanencia y liquidez de Savia Salud aún no eran óptimos. Sin embargo, los datos de la prensa regional y las denuncias ciudadanas mostraban una realidad paralela: la intervención no logró detener la "avalancha de tutelas". Miles de usuarios se vieron obligados a acudir a la justicia para reclamar desde medicamentos básicos hasta cirugías de alta complejidad, mientras la red de hospitales de Antioquia denunciaba una asfixia financiera por deudas no pagadas que ponían en riesgo el servicio de urgencias en todo el departamento.
Retos futuros
Con el eventual regreso de Savia Salud a manos de Antioquia, se abre un nuevo capítulo de enormes retos financieros. Los mandatarios regionales ahora deberán enfrentar un hueco patrimonial que, al parecer, se triplicó bajo la vigilancia del Estado, mientras intentan normalizar la atención para más de 1,6 millones de afiliados que quedaron en medio de esta disputa política y jurídica. El cronómetro de 10 días ya está corriendo, y la entrega de la EPS promete ser el inicio de una nueva batalla de auditorías y hallazgos fiscales.
