Cierre parcial de Seguridad Nacional en Estados Unidos inicia sin fecha de reapertura por falta de acuerdo en el Senado
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos arrancó este sábado un cierre parcial sin un plazo claro para su reapertura, debido a la falta de acuerdo para aprobar un presupuesto y la profunda división entre republicanos y demócratas sobre mayores controles para los agentes de inmigración. Esta situación se produce tras la muerte de dos civiles en operaciones realizadas en Mineápolis durante el mes de enero, lo que ha intensificado las tensiones políticas.
Impacto inmediato en empleados federales
De acuerdo con la propia entidad, el 90% de sus 270.000 empleados están considerados como esenciales y por lo tanto seguirán trabajando durante este período de incertidumbre. Sin embargo, si el cierre persiste más allá del 18 de febrero, estos empleados federales dejarán de recibir sus pagos correspondientes a las dos primeras semanas del mes, generando preocupación económica entre el personal.
El efecto del cierre será particularmente sensible para el personal de dependencias críticas como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y el Servicio Secreto. Todos estos trabajadores dejarán de percibir sus salarios a partir de la fecha mencionada, aunque las misiones esenciales de rescate y respuesta a desastres se mantendrán operativas.
Fracaso legislativo y paralización de fondos
El cierre ocurre luego de que el Senado fracasara el pasado jueves en su intento de aprobar una ley republicana para financiar a Seguridad Nacional hasta septiembre. Los demócratas bloquearon de forma unánime la propuesta al considerar que hacían falta establecer límites claros a las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La paralización de fondos es de momento indefinida, debido a que el Congreso no tiene aún fecha para volver a celebrar sesiones la semana próxima. Esta situación crea un vacío presupuestario que afecta directamente las operaciones diarias del departamento.
Exigencias demócratas y contexto político
Los demócratas reclaman específicamente que los agentes de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional vayan con la cara descubierta, porten identificaciones visibles o equipen cámaras corporales después de las dos muertes ocurridas en Mineápolis. Estas demandas han encontrado resistencia entre los republicanos, creando un punto muerto legislativo.
Antes de que las negociaciones en el Senado fracasaran, la Administración Trump anunció el fin de los grandes operativos contra inmigrantes en Mineápolis en un gesto aparentemente encaminado a ablandar a los demócratas. Sin embargo, el jefe de la minoría liberal en el Senado, Chuck Schumer, indicó que esta medida no era suficiente y que se necesitan definir políticas más amplias para regular las actuaciones de los agentes.
Agencias con diferentes niveles de afectación
Curiosamente, el ICE sería una de las agencias menos afectadas por este cierre parcial, debido a que en 2025 el plan fiscal del presidente Donald Trump, aprobado por el Senado, le asignó 75.000 millones de dólares adicionales para gastos operativos. Esta asignación extraordinaria le proporciona un colchón financiero que otras agencias no disfrutan.
A su vez, CBP recibió partidas extraordinarias de entre 60.000 y 70.000 millones de dólares, lo que también mitiga el impacto inmediato del cierre presupuestario. En contraste, la Guardia Costera y FEMA mantendrán las misiones críticas de rescate y respuesta a desastres, pero verán recortados significativamente sus entrenamientos, viajes oficiales y parte de sus operaciones rutinarias.
Tercer cierre durante la administración Trump
Este es el tercer cierre federal parcial durante el actual mandato de Donald Trump. El primero afectó a todas las entidades federales entre el 1 de octubre al 12 de noviembre, acumulando 43 días para convertirse en el más largo de la historia estadounidense.
El segundo cierre apenas duró menos de cuatro días a principios de este mes y se saldó con la aprobación de presupuestos federales para el resto del ejercicio fiscal, a excepción precisamente de las partidas correspondientes a Seguridad Nacional. Este patrón de cierres recurrentes refleja las profundas divisiones políticas que caracterizan el panorama legislativo actual en Washington.
La situación permanece en un punto muerto mientras republicanos y demócratas mantienen posiciones encontradas sobre cómo financiar el departamento y qué controles implementar sobre las agencias de inmigración. La falta de una fecha concreta para la reanudación de las sesiones legislativas añade incertidumbre a un panorama ya de por sí complejo.
