Colombia llegó a la Comisión de Estupefacientes (CND) de Viena sin aliento, como al final de una carrera. Desde el inicio del Gobierno Petro, Viena fue un foco central de su liderazgo internacional en política de drogas. Las dos grandes iniciativas fueron una revisión independiente del sistema de prohibición y la solicitud ante la OMS de revisar la clasificación de la hoja de coca. Ambas cuestionaban las premisas del régimen actual, y entre 2024 y 2025 los esfuerzos diplomáticos se centraron en conseguir apoyos políticos.
Para la CND 69, el tablero era otro. La beligerancia de Estados Unidos dejó poco margen para sostener el impulso reformista. Desde diciembre de 2025, la decisión de la OMS de mantener la hoja de coca en su clasificación actual cerró otra puerta: una decisión que parece poner intereses políticos por encima de la evidencia científica.
Un multilateralismo en crisis
La propia Comisión fue un termómetro del momento que atraviesa el multilateralismo. Se negociaron apenas cinco resoluciones, frente a las quince o veinte habituales, y por segunda vez en la historia, todas fueron a votación. El viejo “espíritu de Viena”, ese consenso que avanzaba a costa de excluir posiciones críticas, se resquebrajó. China, India y Estados Unidos pidieron voto en distintas resoluciones, aunque todas terminaron aprobándose con mayoría suficiente. La puerta sigue abierta, en teoría, para temas de salud pública y derechos humanos, pero el estancamiento es elocuente: muchos países reconocen estos enfoques en el discurso sin aplicarlos ni financiarlos.
Entre la reforma y la contradicción
Colombia llegó a Viena con una delegación encabezada por el presidente Petro, y también con los frutos de su política: un stand con cacao, café y productos de comunidades campesinas de Putumayo y Nariño que transitaron hacia economías lícitas. El discurso presidencial ante la plenaria fue uno de los de mayor carga política. Petro describió la cocaína como la “droga del capital” y contrastó ese fenómeno con el fentanilo, al que llamó la “droga de la muerte”. Reclamó correspondencia de los países consumidores y presentó como logro central las 3.300 toneladas de cocaína incautadas en coordinación con 75 países, cifra con la que también respondió a su inclusión en la lista OFAC.
Sin embargo, el discurso tuvo una omisión llamativa: Petro no mencionó el Panel de Expertos, el avance más contundente que su gobierno consiguió en Viena el año anterior, gracias a la gestión de la entonces embajadora Laura Gil. Parece que al final del mandato el relato político interno pesó más que la capitalización de los logros diplomáticos reales. La paradoja se profundiza cuando se contrasta el discurso reformista con la política interna: Petro calificó la sustitución de cultivos de “verdadera revolución”, mientras en paralelo ha anunciado la fumigación de glifosato con drones, una medida que contradice ese relato y que la evidencia disponible no respalda.
El panel de expertos: un balance agridulce
En la CND de 2025, la delegación de Colombia logró un hito histórico: aprobar por mayoría una evaluación externa e independiente del sistema de fiscalización de drogas, mediante un panel de expertos que deberá presentar su análisis sobre las brechas y retos de la implementación de los tratados internacionales a la CND de 2029. En la jornada de este año se cerró la designación de los expertos, con un balance agridulce: a pesar de que Colombia lideró la resolución y el proceso del panel, y aportó una suma importante para su desarrollo, ningún colombiano fue nominado para este grupo. De otro lado, y justo en la recta final, se designaron varios expertos en derechos humanos y con miradas apartadas del prohibicionismo, como Elina Steinerte (Lituania) y Pável Bem (Chequia). Sin embargo, algunos expertos designados no tienen conocimiento en temas de drogas o refuerzan paradigmas de castigo y represión, como los representantes de China y Singapur.
¿Qué sigue?
El gobierno que llegue en agosto de 2026 recibirá una herencia mixta. En el activo: un panel en marcha, una voz que logró posicionar a Colombia en el debate global, y una sociedad civil interlocutora técnica y política. En el pasivo: una clasificación de la hoja de coca sin cambios, una política interna que oscila entre la reforma y la represión, y un panel impulsado por Colombia del que Colombia no es parte.
Las prioridades para la próxima administración son claras: monitorear el proceso del panel y asegurar mecanismos de incidencia; mantener una voz protagónica pero más coherente, donde el discurso internacional y la práctica interna no se contradigan; y fortalecer el vínculo con la sociedad civil. Viena no es el escenario donde se transforma la política de drogas, pero sí donde se fijan los límites de lo posible. Colombia ha demostrado que esos límites se pueden mover. La pregunta es si el próximo gobierno querrá seguir empujando.
