Administración Trump invierte millones en deportaciones a terceros países
La administración del presidente Donald Trump ha destinado más de 30 millones de dólares en deportar inmigrantes a naciones que no corresponden a sus lugares de origen, según un reciente informe del personal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
Costos exorbitantes y falta de transparencia
El documento, liderado por la senadora Jeanne Shaheen, constituye uno de los análisis más exhaustivos sobre los pactos de deportación a terceros países impulsados por el gobierno actual. El informe surge como respuesta a las críticas por la falta de transparencia en los detalles de estos acuerdos migratorios.
En los casos más costosos documentados, se deporta a los migrantes primero a un tercer país y luego son enviados a su nación de origen, lo que incrementa los viajes y, por ende, los gastos. Estos pueden superar el millón de dólares por individuo en ciertas instancias.
Acuerdos con cinco países específicos
Según el informe, los convenios firmados con cinco naciones —Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau— le han costado a Estados Unidos más de 32 millones de dólares. Una parte significativa de ese dinero se entregó mediante pagos únicos y, en muchos casos, incluso antes de que los migrantes trasladados desde territorio estadounidense llegaran efectivamente a esos destinos.
- Estos cinco países recibieron pagos que rondan el millón de dólares cada uno
- Solo acogieron a cerca de 300 personas procedentes de Estados Unidos
- Esto ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad entre el gasto y el número de migrantes reasentados
El Salvador como principal destino
El Salvador es el país que más migrantes no originarios ha recibido entre los cinco mencionados, con cerca de 250 personas enviadas allí tras una subvención de 4,76 millones de dólares destinada a su encarcelamiento. El gobierno justificó esta medida alegando vínculos con el Tren de Aragua y otros grupos delincuenciales similares, aunque tales afirmaciones han sido refutadas en numerosos casos por familiares y allegados.
Ineficiencias en el proceso
El informe revela que hasta enero de 2026, solo 51 personas fueron enviadas a los otros cuatro países. Ruanda, que recibió 7,5 millones de dólares de EE.UU., acogió apenas a siete nacionales de terceros países, lo que implica un costo superior a un millón de dólares por deportado con fondos de los contribuyentes.
Además, un factor que eleva considerablemente los costos es el uso de aviones militares de alta capacidad y gasto operativo para trasladar a los migrantes, aun en casos donde el número de pasajeros es reducido y podría optarse por aeronaves comerciales o más pequeñas y eficientes.
Casos problemáticos documentados
El informe destaca varios ejemplos de ineficiencia:
- Un mexicano fue deportado de EE.UU. a Sudán del Sur y luego retornó a México
- Un jamaiquino con orden de regreso a su país fue enviado a Eswatini (a un costo estimado de más de 181.000 dólares) para, semanas después, ser trasladado de vuelta a Jamaica
Esto plantea serios problemas. El informe lo califica como un gasto innecesario que no fortalece la seguridad nacional, y además expone a los migrantes a riesgos para sus derechos humanos al enviarlos a países con antecedentes de violaciones en esa materia.
Preocupaciones por derechos humanos
Un ejemplo claro son los casos recientes de venezolanos deportados el año pasado a la megacárcel de El Salvador, donde, según Human Rights Watch, sufrieron abusos sexuales y maltratos en la prisión. El informe advierte que estas prácticas no solo representan un desperdicio de recursos públicos, sino que también comprometen la seguridad y dignidad de las personas deportadas.
