Una disputa político-securitaria se transforma en crisis comercial bilateral
Lo que inició como una controversia en materia de seguridad fronteriza ha evolucionado, en apenas unos días, hacia una escalada comercial de proporciones preocupantes que amenaza con desarticular décadas de integración andina. El pasado 21 de enero, Ecuador anunció la imposición de aranceles del 30% sobre las importaciones provenientes de Colombia, argumentando deficiencias en el control del crimen organizado en la zona limítrofe. Colombia respondió de manera inmediata con medidas especulares: estableció un arancel idéntico sobre una porción representativa de sus compras al vecino y, adicionalmente, suspendió las exportaciones de energía eléctrica hacia territorio ecuatoriano.
La medida más contundente: el incremento estratosférico en el tránsito de crudo
Posteriormente, llegó el golpe más calculado y de mayor impacto económico. Ecuador incrementó en más del 900% la tarifa de tránsito del crudo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano (Sote), elevando el costo de US$3 a US$30 por barril. Esta decisión unilateral representa un obstáculo significativo para la industria petrolera colombiana y evidencia la profundización de la crisis.
La magnitud del riesgo: una relación comercial vital y diversificada
El problema central de esta disputa radica en que sus protagonistas parecen ignorar, o prefieren pasar por alto, la enorme dimensión de lo que están poniendo en riesgo. Ecuador constituye el tercer destino más importante para las exportaciones no minero-energéticas de Colombia, solo superado por Estados Unidos y la Unión Europea. Durante el año 2025, las ventas colombianas al vecino alcanzaron la cifra de US$1.847 millones FOB, con una composición que revela el músculo industrial del país:
- Medicamentos y productos farmacéuticos
- Plaguicidas y agroquímicos
- Vehículos de carga y transporte
- Cables eléctricos y componentes
- Cosméticos y productos de cuidado personal
- Café y productos agrícolas procesados
Nueve de cada diez dólares exportados a Ecuador corresponden a bienes con valor agregado, demostrando la sofisticación y diversificación del intercambio comercial.
La interconexión energética: un seguro de vida regional en peligro
El vínculo bilateral trasciende lo meramente comercial. La interconexión eléctrica entre ambos países ha demostrado su valor estratégico en momentos críticos. En 2024, cuando Ecuador enfrentó racionamientos energéticos de hasta 14 horas diarias debido a la sequía asociada al fenómeno de El Niño, Colombia llegó a cubrir hasta el 8% de su demanda energética total. Suspender ese flujo eléctrico no representa solamente una represalia comercial: equivale a retirar un seguro de vida fundamental de la matriz energética regional. El costo de esta decisión no lo asumen los cancilleres ni los funcionarios gubernamentales. Lo pagan directamente las industrias, los hospitales y los hogares ecuatorianos que dependen de ese suministro eléctrico para su funcionamiento diario.
El trasfondo real: seguridad fronteriza versus instrumentos comerciales
Detrás de este conflicto comercial existe, sin duda alguna, un problema real de seguridad. Los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, que comparten frontera con Ecuador, concentran aproximadamente el 46% de los cultivos de coca del país. En 2023, Colombia alcanzó un récord histórico de 252.575 hectáreas sembradas con coca, siendo el suroccidente colombiano su epicentro principal. La preocupación de Quito tiene, por tanto, un asidero empírico y legítimo. Sin embargo, utilizar aranceles como instrumento de política de seguridad no solo resulta ineficaz: se revela como una medida contraproducente. Las estructuras criminales no pagan aranceles ni exportan sus productos en contenedores con factura comercial. Quienes sí lo hacen son los empresarios formales, los agricultores de ambos lados de la frontera y los transportadores que cruzan el puente internacional de Rumichaca con carga legítima y documentación en regla.
La parálisis diplomática y sus costos crecientes
La reunión bilateral celebrada el 6 de febrero no produjo acuerdos concretos ni avances significativos. Los aranceles permanecen vigentes y las medidas comerciales restrictivas continúan aplicándose. Esta parálisis diplomática genera un costo económico creciente que ambos gobiernos parecen subestimar peligrosamente. Cada semana que transcurre sin una solución negociada representa:
- Incertidumbre adicional para la inversión en sectores económicos expuestos
- Contratos comerciales suspendidos o cancelados
- Decisiones de abastecimiento que se redirigen hacia otros mercados internacionales
- Pérdida de competitividad regional frente a otros bloques económicos
El fracaso institucional: ignorar los mecanismos de la Comunidad Andina
Colombia y Ecuador son miembros fundacionales de la Comunidad Andina, organismo que cuenta con mecanismos institucionales específicamente diseñados para resolver controversias comerciales sin necesidad de escalar hacia medidas unilaterales que erosionan la credibilidad del bloque integracionista. Ignorar deliberadamente estos mecanismos no constituye solamente una torpeza diplomática: representa una señal profundamente negativa para cualquier inversionista que evalúe la estabilidad del entorno regulatorio en la región andina. La desconfianza generada por estas acciones unilaterales podría tener efectos duraderos más allá de la presente crisis, afectando la percepción de seguridad jurídica y predictibilidad normativa que tanto esfuerzo ha costado construir a lo largo de décadas de integración regional.
