Esta semana se marcó un nuevo giro en el juicio contra Nicolás Maduro, quien durante años fue presidente de Venezuela y que fue capturado a principios de 2026 por las autoridades de Estados Unidos. Un juez de ese país flexibilizó las sanciones contra Maduro y autorizó que Venezuela pague su defensa legal.
Flexibilización de sanciones por parte de la OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas que permiten a los abogados defensores recibir pagos del gobierno venezolano bajo condiciones específicas. Estas condiciones incluyen que los fondos utilizados estén disponibles después del 5 de marzo de 2026 y que no provengan de recursos restringidos, como depósitos de gobiernos extranjeros o ingresos bajo control estadounidense. La medida busca garantizar el desarrollo del proceso judicial sin afectar las garantías del debido proceso.
Hasta ahora, la administración estadounidense había bloqueado este tipo de pagos bajo argumentos de seguridad nacional y política exterior. Sin embargo, la nueva decisión modifica esa postura, permitiendo una excepción puntual dentro del régimen de sanciones sin desmontar el control general sobre los activos del Estado venezolano.
Condiciones estrictas para los pagos
La autorización no implica un levantamiento de sanciones, sino un ajuste limitado que mantiene restricciones sobre el origen de los recursos. El Departamento del Tesoro dejó claro que los pagos deben cumplir con criterios estrictos, lo que garantiza que el flujo de dinero continúe bajo supervisión y no comprometa los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Este esquema responde a la necesidad de equilibrar el control financiero sobre Venezuela con la viabilidad del proceso judicial en curso.
Estrategia de la defensa de Maduro
El ajuste en la política de sanciones responde, en buena parte, a la estrategia de la defensa del líder venezolano. El abogado Barry Pollack había argumentado que la imposibilidad de pagar honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a contar con un abogado de elección. Este argumento buscaba la desestimación del caso, al considerar que el bloqueo de pagos afectaba las garantías procesales. Con la nueva autorización, ese punto pierde fuerza jurídica y permite que el proceso continúe sin ese obstáculo, lo que refuerza la estabilidad del caso en los tribunales.
Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, permanecen detenidos en una prisión federal en Brooklyn tras su captura el 3 de enero en Caracas. Ambos se han declarado no culpables de cargos relacionados con narcotráfico, incluyendo conspiración para narcoterrorismo e importación de cocaína. El juicio formal podría iniciar en uno o dos años, lo que abre una etapa prolongada en la que el caso seguirá desarrollándose bajo un alto nivel de atención política y judicial.
Giro en la estrategia de EE. UU.
La decisión también se da en un contexto en el que el juez había expresado dudas sobre la postura inicial de la Fiscalía. El magistrado señaló que, tras la captura y traslado de la pareja a Estados Unidos, ya no representaban una amenaza para la seguridad nacional, lo que debilitaba uno de los argumentos para bloquear los pagos. En este escenario, permitir el pago de la defensa puede interpretarse como un movimiento para blindar el proceso frente a posibles cuestionamientos legales. Al garantizar el derecho a la representación, las autoridades estadounidenses reducen el riesgo de que el caso sea impugnado por vulneración de garantías fundamentales.
