Frontera Colombia-Ecuador: Más diplomacia y menos populismo para superar crisis
Una frontera que debería ser motor de desarrollo económico y ejemplo de cooperación binacional ha quedado relegada a la disputa entre disidencias de las Farc, el ELN y organizaciones criminales. Las comunidades que habitan esta zona limítrofe, históricamente abandonadas por el Estado, son las principales víctimas de una "guerra comercial" que solo profundiza su vulnerabilidad.
Comunidades atrapadas en el abandono
Mientras los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y Daniel Noboa en Ecuador intercambian medidas proteccionistas, miles de familias fronterizas enfrentan consecuencias devastadoras. La decisión de Noboa de imponer un arancel del 30% a las importaciones colombianas y cerrar varios pasos fronterizos, seguida por la respuesta de Petro con medidas similares y la suspensión de exportaciones de energía eléctrica, ha paralizado el comercio, la economía y la movilidad en una región ya de por sí conflictiva.
Estas comunidades, compuestas por pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, permanecen a la espera de que el brazo del Estado se extienda con ofertas de empleo, infraestructura e inversión social. En cambio, reciben decisiones que los revictimizan después de décadas de intentar sobrevivir entre el caos y el abandono institucional.
El vacío que llenan los grupos armados
La ausencia del Estado ha convertido esta frontera en tierra de nadie, donde disidencias de las Farc, el ELN y organizaciones criminales disputan el control de rutas estratégicas para el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y el tráfico de armas y personas. Mientras Bogotá y Quito se enfrascan en pulsos políticos, estos grupos han hecho mejor lectura del territorio para satisfacer sus intereses económicos y militares.
El informe exclusivo publicado por el diario El País el pasado 8 de febrero evidenció la desconexión total entre los gobiernos centrales y las realidades que viven estas poblaciones fronterizas. La misma responsabilidad que tienen Petro y Noboa de atender las necesidades urbanas en Bogotá y Quito es la que deben asumir con quienes residen en las regiones más apartadas y vulnerables.
Diplomacia como única salida
No es con arrebatos de autoridad ni medidas populistas como se puede saldar la deuda histórica que ambos países han adquirido con sus comunidades fronterizas. Han pasado dos semanas desde que se reunieron las comisiones de alto nivel entre Colombia y Ecuador para buscar soluciones conjuntas a la crisis política y económica, y el silencio de ambos lados resulta atronador en medio de la urgencia.
Lo que debe primar es la diplomacia sin intereses ideológicos mezquinos. Mientras no prevalezcan en las agendas de ambos gobiernos la seguridad y el bienestar real de las comunidades, la frontera seguirá siendo ejemplo de debilidad estatal y claudicación ante grupos criminales que se fortalecen día a día.
Consecuencias de la inacción
Dejar a su suerte a miles de familias que sienten el territorio a ambos lados de la frontera como propio, que dependen del comercio diario, del intercambio cultural, del transporte informal y del rebusque, equivale a firmar una carta en blanco para que:
- La criminalidad se extienda sin control
- Los grupos armados copen espacios tradicionalmente estatales
- Se fortalezcan económica y militarmente estructuras ilegales
Esta concesión, bastante peligrosa, terminará afectando tarde o temprano la seguridad interior de ambos países. La frontera debe dejar de verse como un problema para convertirse en una oportunidad de desarrollo conjunto, cooperación binacional y protección efectiva de los derechos de quienes la habitan.
La solución no está en medidas unilaterales ni en demostraciones de fuerza, sino en diálogo constante, cooperación efectiva y políticas públicas diseñadas desde y para las comunidades fronterizas. Solo así se podrá transformar esta zona de conflicto en un espacio de paz y prosperidad compartida.
