Gobierno de Kast paraliza proceso de regularización masiva de migrantes en Chile
La administración del presidente chileno José Antonio Kast ha detenido completamente el proceso de regularización de aproximadamente 182.000 migrantes que había sido impulsado por el gobierno anterior de Gabriel Boric. Esta decisión marca un giro radical en la política migratoria del país sudamericano, alineándose con las promesas de campaña del mandatario de derecha.
Cambio de rumbo en política migratoria
Según confirmó el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, el gobierno de Boric había dejado preparado un decreto ejecutivo para regularizar a miles de personas que participaron en un proceso de empadronamiento voluntario. "No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric", declaró Sauerbaum de manera categórica.
La autoridad migratoria justificó esta decisión argumentando que "afortunadamente" el decreto no se implementó porque 6.000 personas de ese grupo ya habrían cometido delitos. El proceso de empadronamiento voluntario buscaba identificar a migrantes que ingresaron al país por pasos no autorizados.
Nuevas medidas y proyectos de ley
El gobierno de Kast, quien asumió la presidencia el 11 de marzo de 2026, anunció que enviará al Congreso dos proyectos de ley destinados a frenar la migración irregular:
- Una normativa para sancionar a quienes ayuden a migrantes a ingresar irregularmente a Chile
- Otra que convertiría en delito el acceso ilegal al país
Además, el mandatario supervisó personalmente la construcción de barreras en la región de Arica, fronteriza con Perú, estableciendo un plazo de 90 días para completar estas estructuras en las tres regiones del norte chileno.
Contexto de seguridad y cifras oficiales
Kast ha asociado directamente el incremento de la delincuencia con la llegada de migrantes indocumentados en años recientes, aunque Chile mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica (5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025). El presidente prometió durante su campaña promover la expulsión de aproximadamente 337.000 migrantes irregulares, principalmente venezolanos según cifras oficiales.
"Toda esta situación genera muchísima incertidumbre", expresó a la AFP Freymar Márquez, una ama de casa venezolana de 30 años residente en Chile. "Si están negando la regularización a esas personas que se empadronaron, qué quedará para las personas que no tienen el enrolamiento", cuestionó.
Enfoque gubernamental y declaraciones presidenciales
En declaraciones a la prensa, Kast afirmó que Chile ha sido "vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado" en los últimos años. Aunque descartó realizar redadas masivas, advirtió que "cada una de las personas sabe que tiene que encontrarse con el Estado en algún momento".
El gobierno también anunció el despliegue de más efectivos militares y la implementación de tecnologías avanzadas de supervisión, incluyendo drones, cámaras, sensores y equipamiento especializado para controlar las fronteras. Esta postura representa un contraste significativo con el enfoque más integrador del gobierno anterior, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes establecidas en territorio chileno.
