Justicia española respalda laudo que obliga a PDVSA a devolver crédito por yacimiento petrolero
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reconocido y homologado un laudo arbitral internacional que condena a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a su filial Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) a pagar 33,7 millones de dólares más intereses como reembolso de un préstamo otorgado para adquirir parte del yacimiento petrolero de Corocoro. Este crédito fue avalado por PDVSA antes de que el proyecto fuera nacionalizado por el gobierno venezolano en 2007.
Antecedentes del conflicto y proceso arbitral
La entidad británica ConocoPhillips Gulf of Paria otorgó el préstamo a CVP para financiar la adquisición de una participación del 35% en el yacimiento Corocoro. Inicialmente, el proyecto se desarrolló con normalidad, pero en 2007, el gobierno venezolano aprobó un decreto de nacionalización que afectó a varias inversiones extranjeras en el sector energético, incluyendo Corocoro.
Tras la nacionalización, ConocoPhillips presentó una demanda de arbitraje internacional, llegando a reclamar más de 1.400 millones de dólares en la Corte de Nueva York por diversos perjuicios. Sin embargo, el tribunal arbitral concluyó en 2019 que, aunque la nacionalización imposibilitó continuar el proyecto, esto no eximía a PDVSA y CVP de cumplir obligaciones contractuales previas, como la devolución del préstamo.
Homologación en España y argumentos del tribunal
Debido al incumplimiento del laudo de 2019, ConocoPhillips presentó en julio de 2024 una demanda en Madrid para obtener su homologación y hacerlo efectivo en España. El TSJM ha estimado íntegramente esta demanda, argumentando que:
- La resolución arbitral cumple todos los requisitos de la Convención de Nueva York de 1958.
- La materia es "arbitrable" y se respetaron las garantías procesales.
- El reconocimiento del laudo no es contrario al orden público español.
La decisión del TSJM es firme y no admite recurso, según informó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto significa que PDVSA y CVP están legalmente obligadas a devolver el monto prestado más los intereses acumulados, sin que la posterior nacionalización justifique el incumplimiento.
Implicaciones y contexto legal
Este caso subraya la importancia de los mecanismos de arbitraje internacional en disputas comerciales complejas, especialmente cuando involucran empresas estatales y cambios regulatorios abruptos. La sentencia refuerza que las obligaciones financieras contraídas antes de eventos como nacionalizaciones deben honrarse, independientemente de las alteraciones posteriores en el entorno operativo.
La resolución también podría tener repercusiones en otras disputas similares que involucren a Venezuela y empresas extranjeras, destacando la eficacia de los tribunales españoles en la ejecución de laudos arbitrales internacionales.
