Trump busca alternativas legales tras fallo de Corte Suprema sobre aranceles ilegales
Trump busca opciones tras fallo contra aranceles

Trump enfrenta límites legales tras fallo histórico sobre aranceles

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este martes 24 de febrero de 2026 que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para justificar sus amplios aranceles "recíprocos" dirigidos a socios comerciales como China, Canadá y México. Este fallo judicial invalida gran parte de los gravámenes implementados durante su segundo mandato, pero abre la puerta a alternativas legales con restricciones específicas.

Respuesta inmediata: Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974

Horas después del fallo, Trump firmó una proclamación invocando la Sección 122 para imponer un impuesto fijo del 10% a productos extranjeros durante 150 días, con amenaza de aumentarlo al 15%. Esta disposición, nunca antes utilizada, permite aranceles para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales sin necesidad de investigación previa. Sin embargo, presenta limitaciones importantes: solo puede aplicarse para remediar déficits "grandes y graves" de la balanza de pagos, corregir desequilibrios internacionales o prevenir depreciación significativa del dólar, con máximo de 150 días sin aprobación congresional.

Opciones de seguridad nacional: Sección 232

La Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 otorga al presidente facultad para regular importaciones por motivos de seguridad nacional, sin límites en nivel o duración de aranceles. Trump ya utilizó este mecanismo durante su primer mandato para gravámenes a acero y aluminio, y lo ha retomado en su segundo período con tasas del 50%. La limitación principal es el requisito de investigación previa del Departamento de Comercio (hasta 270 días) y su aplicación sectorial específica, no generalizada por países.

Protección industrial: Sección 201

Cuando aumentos en importaciones amenazan causar daños graves a fabricantes estadounidenses, la Sección 201 de la Ley de Comercio de 1974 autoriza aranceles de hasta 50% sobre tasas vigentes. Trump implementó este mecanismo en 2018 para células solares y lavadoras residenciales. El proceso requiere investigación de la Comisión de Comercio Internacional (180 días), audiencias públicas y comentarios ciudadanos, con aplicación inicial máxima de cuatro años prorrogable a ocho.

Respuesta a prácticas discriminatorias: Sección 301

La Sección 301 permite a la Oficina del Representante Comercial (USTR) imponer aranceles sin límite de tasa en respuesta a medidas comerciales discriminatorias o violatorias de acuerdos internacionales. Trump utilizó esta vía para gravámenes masivos a importaciones chinas en 2018, y la administración actual planea investigaciones aceleradas sobre exceso de capacidad industrial, precios farmacéuticos y discriminación a empresas tecnológicas estadounidenses. Requiere investigación previa del USTR con consultas a gobiernos extranjeros y comentarios públicos.

Opción histórica: Sección 338 de 1930

La disposición de la era de la Depresión faculta al presidente para introducir aranceles de hasta 50% a países que impongan cargos irrazonables o conducta discriminatoria contra comercio estadounidense, sin necesidad de investigación previa. Nunca utilizada anteriormente, su posible implementación ha generado preocupación entre legisladores demócratas que presentaron resolución para derogarla en marzo de 2025.

Contexto y perspectivas

El fallo de la Corte Suprema representa un revés significativo para la política comercial de Trump, quien buscaba máxima flexibilidad con la IEEPA. Las cinco alternativas disponibles presentan restricciones de procedimiento y sustantivas que limitan su capacidad para imponer gravámenes inmediatos y unilateralmente. El Representante Comercial Jamieson Greer anunció que la administración iniciará múltiples investigaciones de la Sección 301 de forma acelerada, abarcando a la mayoría de socios comerciales principales. Esta situación crea un escenario complejo donde la Casa Blanca debe navegar entre mecanismos legales con diferentes plazos, requisitos y potenciales impugnaciones judiciales.