Parlamento Europeo da luz verde a centros de deportación en el extranjero
El Parlamento Europeo votó este jueves a favor del controvertido reglamento de Retornos, una normativa que permitirá a los Estados miembros crear centros de deportación para migrantes en terceros países. Con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, los eurodiputados dieron un paso significativo hacia el endurecimiento de la política migratoria comunitaria.
Centros de retorno en países externos
La principal innovación de esta normativa radica en la posibilidad de que los países europeos deporten a migrantes hacia los denominados "centros de retorno" ubicados en naciones fuera de la Unión Europea. Esta medida solo podrá aplicarse cuando exista un acuerdo previo con el tercer país y se respete escrupulosamente el principio de no devolución, que protege a los migrantes de ser enviados a lugares donde su vida o libertad puedan estar en riesgo.
El modelo sigue la polémica iniciativa impulsada por Italia, que en 2024 construyó centros similares en Albania para gestionar la presión migratoria desde el Mediterráneo. Sin embargo, aquellos centros actualmente permanecen inutilizados debido a diversas decisiones judiciales que han bloqueado su funcionamiento.
Cooperación obligatoria y sanciones severas
El reglamento establece que los migrantes deberán "cooperar activamente" en su propio proceso de retorno. En caso de negativa, se podrán imponer sanciones que van desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo hasta sanciones penales que incluyen el encarcelamiento.
Además, se permite la detención de migrantes basándose en su riesgo de fuga u otros motivos de seguridad. El período de internamiento puede extenderse hasta un máximo de 12 meses, con posibilidad de prórroga por otros 12 meses adicionales si existiera falta de cooperación o retrasos en la tramitación documental.
Críticas desde la izquierda europea
El texto aprobado ha sido rechazado frontalmente por partidos socialdemócratas, verdes y de izquierdas, quienes argumentan que representa un giro hacia la extrema derecha en la política migratoria europea. Ana Catarina Mendes, vicepresidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, declaró que "lo que estamos viendo no es un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha".
Estos grupos han denunciado que el reglamento fomenta la detención masiva e indefinida por motivos puramente administrativos y critican la creación de centros en terceros países donde, según ellos, los migrantes podrían sufrir detenciones prolongadas y arbitrarias que conducirían inevitablemente a violaciones de derechos fundamentales.
Próximos pasos y negociaciones
Tras esta aprobación parlamentaria, se dará inicio a los llamados trílogos, donde se negociará el texto final entre la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el propio Parlamento Europeo. El primer trílogo tendrá lugar este mismo jueves, con Malik Azmani (Renovar Europa) dirigiendo el equipo negociador.
Los impulsores del reglamento esperan que las conversaciones sean "relativamente rápidas", ya que consideran que los compromisos adquiridos en la Eurocámara son muy cercanos al texto original presentado por la Comisión Europea.
Garantías y condiciones
Según fuentes del Partido Popular Europeo consultadas por EFE, los terceros países que acojan estos centros deberán pasar una serie de filtros rigurosos antes de recibir autorización. Además, existirán previsiones de consecuencias para aquellos que no cumplan con las condiciones establecidas.
En estos centros, los países anfitriones estarán obligados a respetar los derechos humanos de los migrantes, y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados. Para migrantes considerados un riesgo para la seguridad pública o nacional, se prevé una expulsión prioritaria, pudiendo ser recluidos en prisiones separadas de presos comunes y enfrentarse a prohibiciones de entrada indefinidas.
El reglamento también establece que, al apelar una decisión de retorno ante un juez, no se paralizará automáticamente la ejecución de la expulsión, a menos que la autoridad judicial así lo decida a petición expresa del migrante.
