Inseguridad en la tenencia de tierras afecta a más del 30% de trabajadores rurales en Colombia
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha revelado datos alarmantes sobre la situación de tenencia de tierras en Colombia. Según su más reciente informe "El Estado de los Recursos de Agua y el Mundo para la Alimentación y la Agricultura", el 32% de quienes trabajan en los campos colombianos enfrenta inseguridad jurídica sobre la propiedad de sus tierras.
Datos globales y situación colombiana
A nivel mundial, apenas el 35% de las tierras están documentadas formalmente, una cifra que refleja una problemática global. Sin embargo, en Colombia la situación se agrava particularmente en comunidades indígenas y afrodescendientes, donde los niveles de inseguridad en la tenencia alcanzan porcentajes aún más elevados.
Máximo Torero, economista jefe de la FAO, explicó: "Para Colombia, los datos que tenemos están relacionados con la inseguridad de la tenencia. Es el 32% con niveles más altos en comunidades indígenas y afrodescendientes".
Impacto económico y social
La falta de seguridad jurídica sobre las tierras tiene consecuencias directas en el desarrollo agrícola del país. Torero advirtió: "Más de mil millones de personas en el mundo se sienten inseguras sobre el derecho de sus tierras. Si las personas no tienen seguridad, no van a invertir. La gente piensa que tiene que trabajar, para luego posiblemente perderlo".
Esta situación crea un círculo vicioso donde los campesinos evitan realizar inversiones significativas en sus tierras por temor a perder sus derechos sobre ellas, limitando así el potencial productivo del sector agrícola colombiano.
Mujeres y jóvenes: los más afectados
El informe de la FAO destaca que las mujeres y los jóvenes son los grupos más vulnerables en esta problemática. En Colombia, solo el 36% de los titulares únicos de tierras son mujeres, evidenciando una brecha de género significativa en el acceso a la propiedad rural.
"Cerrar la brecha no solo es titular tierra, sino vincularnos al sistema financiero y tecnológico para desarrollar la tierra", agregó Torero sobre la situación de las mujeres rurales.
Respecto a los jóvenes, las cifras son igualmente preocupantes. Este grupo percibe entre el 20% y 40% más de inseguridad jurídica que los adultos, y más del 25% de la población joven colombiana vive en zonas rurales, enfrentando barreras adicionales para acceder a la propiedad de la tierra.
Respuesta institucional y proyectos en marcha
Ante esta situación, la FAO ha insistido en la necesidad de implementar de manera más eficaz y ágil el proyecto del Catastro Multipropósito, un sistema de información integral que permitiría conocer en detalle las características físicas, jurídicas y económicas de todos los predios del país.
Por su parte, Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, aseguró que las cifras en materia de legalización de tierras mejorarán conforme avancen los meses, gracias a los títulos colectivos que se están otorgando.
"Nosotros hemos trabajado más de 1.500.000 hectáreas en títulos colectivos durante este Gobierno. Esa cifra entra ya en la normalidad y seguramente nuestros indicadores avanzan", afirmó la ministra.
Desafíos adicionales más allá de la titulación
La FAO ha advertido que la legalización de las tierras no garantiza automáticamente el acceso a sistemas bancarios y de inversión. Este aspecto requiere un esfuerzo adicional por parte del Estado para garantizar derechos integrales al sector agrícola colombiano.
Torero manifestó la importancia de que el Estado cree mecanismos de inversión y preparación en materia educativa en las zonas agrícolas, para hacerlas más atractivas para la población joven y asegurar el relevo generacional en el campo.
La problemática de tenencia de tierras en Colombia representa un desafío multidimensional que requiere intervenciones coordinadas en aspectos jurídicos, económicos y sociales para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible del sector rural.
