Proyecto interoceánico en Chocó genera alerta por derechos étnicos y ambientales
La Red de Derechos Humanos del Pacífico ha emitido una voz de alerta sobre el relanzamiento del proyecto para conectar los océanos Atlántico y Pacífico en Colombia. Esta iniciativa, que lleva barajándose por siglos, contempla dos opciones principales: la unión del río Atrato con su afluente Truandó, nacido en la serranía del Baudó, o la construcción de un ferrocarril entre Titumate, en el golfo de Urabá, y Juradó, en el Pacífico norte.
Entre las justificaciones más recurrentes para este megaproyecto se encuentran los incrementos proyectados en el Producto Interno Bruto (PIB), la generación de empleo y la mejora de la competitividad del país en el comercio internacional. La literatura técnica incluye detalles sobre las características de los túneles que habría que perforar en la serranía del Baudó, así como otros aspectos de ingeniería involucrados.
Vaguedades en la protección de comunidades y biodiversidad
Sin embargo, predominan vaguedades preocupantes respecto al porvenir de las comunidades indígenas y negras que habitan la región. Estas poblaciones son protectoras de una cuenca rodeada de lagunas, ciénagas y humedales que albergan especies vivas, otorgando a Colombia escalafones altos en biodiversidad planetaria.
Se observa poco énfasis en que la Constitución de 1991 dio origen a leyes que legitiman los derechos territoriales de indígenas y afrodescendientes mediante títulos comunales o colectivos. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo otorga a estos derechos caracteres de imprescriptibles, inalienables e inembargables, principios incorporados a la legislación nacional.
De este marco jurídico depende la sentencia T-622 de 2016, mediante la cual la Corte Constitucional definió al río Atrato y a sus guardianes como sujetos de derechos ecosistémicos y humanos, un precedente crucial que no debe ser ignorado.
Historia violenta y riesgos actuales
Hace 30 años, durante el auge del Proceso 8000, el entonces presidente Ernesto Samper revivió la iniciativa de construir el canal Atrato-Truandó. Poco después de que su gobierno anunciara que agencias coreanas iniciarían estudios de prefactibilidad, se movilizaron paramilitares que desterraron y masacraron a comunidades indígenas y negras, consideradas estorbosas para los negocios basados en la especulación de suelos y aguas.
Desde entonces, la reiteración de la violencia y el reclutamiento de niños y niñas por grupos armados de todos los bandos han convertido al Atrato en un territorio marcado por el conflicto, descrito en la literatura como "Esta herida llena de peces", en referencia a la novela de Lorena Salazar Masso sobre la masacre de Bellavista en Bojayá.
La naturalización del nexo entre violencia y desarrollo capitalista debería incentivar a las agencias responsables del proyecto actual —como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT)— a realizar una convocatoria agresiva. Esto incluye no solo a las organizaciones cuyos territorios ancestrales recibirán los impactos más severos, sino también a las Fuerzas Armadas, para idear estrategias que prevengan amenazas, confinamientos armados, destierros y extorsiones.
Consulta previa y salvaguardas necesarias
Estas organizaciones deben ser incorporadas desde los estudios de prefactibilidad, asegurando que las consultas previas no sean capturadas por intereses leguleyos, sino realizadas dentro de referentes éticos que garanticen que sean libres e informadas. De esta manera, podrán derivar en el diseño e implementación de salvaguardas territoriales, humanas y ecológicas efectivas.
Por ejemplo, uno de los estudios sugiere utilizar los desechos de barro, tierra y roca de las excavaciones para construir una enorme dársena paralela al río Atrato, que podría albergar desde economías campesinas hasta complejos agroindustriales. Sin embargo, surgen interrogantes críticos:
- ¿Cómo se evitará que esta infraestructura vulnere los dominios comunales y colectivos protegidos por leyes como la Ley 70 de 1993, de negritudes?
- ¿Cuál será el destino del oro y otros minerales raros que aparecerán con las excavaciones?
- ¿Qué beneficios reportarán a las comunidades ribereñas?
Preguntas similares aplican para las especies invaluables de plantas y animales que serán afectadas:
- ¿Habrá viveros y criaderos para protegerlas?
- ¿Cómo se devolverán estas especies a los ecosistemas intervenidos después del cautiverio?
- ¿Cómo se realizará el seguimiento de su recuperación?
- ¿Qué pasará con las maderas finas de los bosques talados?
Inmigración y protección étnica
Ante la inmigración que ocasionarán los trabajos, es crucial definir el papel de las fuerzas armadas y de policía en el amparo de los pueblos étnicos y sus territorialidades ancestrales. Es probable que los migrantes —obreros, cocineras, mecánicos, y otros— lleguen imbuidos de estereotipos deshumanizantes hacia indígenas y afros.
Se requiere una integración entre los ministerios de Educación, Cultura y Medio Ambiente con las instituciones educativas de la región, para implementar un esquema pedagógico robusto. Este debe resguardar la dignidad y demostrar el ingenio e inventiva de los pueblos étnicos frente a los forasteros.
Además, cabildos y consejos comunitarios tienen contratos vigentes de largo plazo para la venta de bonos de carbono. La cancelación o redefinición de estos convenios debe ser objeto de apoyo estatal, incluyendo posibles indemnizaciones.
Oportunidad para prevenir daños futuros
El Estado colombiano está a tiempo de prevenir futuros genocidios y ecocidios mediante la incorporación inmediata de cabildos indígenas y consejos comunitarios afrochocoanos en la planeación y ejecución de esta megaobra de interconexión interoceánica. La transparencia y el respeto a los derechos humanos y ambientales son esenciales para evitar repetir errores del pasado.
Nota: Este artículo se basa en información de la Red de Derechos Humanos del Pacífico y análisis de contexto histórico y jurídico.
