Juez ordena arresto de director de la Agencia Nacional de Tierras por desacato a tutela
Un juzgado laboral de Bogotá ha emitido una contundente decisión judicial que ordena el arresto por cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, por incumplir una orden judicial derivada de una acción de tutela presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.
Sanción económica y responsabilidad compartida
La resolución judicial, emitida por el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá, también contempla una sanción económica cercana a los ocho millones de pesos tanto para el funcionario como para Ángela Lorena Ortiz Rosero, secretaria general de la entidad. La determinación se fundamenta en el incumplimiento de lo dispuesto previamente en una tutela fallada en diciembre de 2025.
El caso del predio "Peñasgordas" en Dagua
Según el despacho judicial, la Agencia Nacional de Tierras tenía la obligación de cumplir con una serie de requerimientos derivados de ese proceso constitucional, entre los cuales se encontraba responder un cuestionario relacionado con la presunta compra irregular del predio denominado "Peñasgordas", ubicado en el municipio de Dagua, en el departamento del Valle del Cauca.
De acuerdo con el equipo jurídico de la senadora Valencia, el terreno en cuestión habría estado ocupado durante más de dos décadas por comunidades campesinas, lo que motivó a la congresista a solicitar información detallada sobre:
- La situación jurídica del predio
- Las condiciones en las que la entidad estaría adelantando su eventual adquisición
- Los procedimientos administrativos relacionados con la transacción
Incidente de desacato y fundamento legal
La normatividad colombiana establece claramente que, cuando un funcionario público se niega o es renuente a cumplir una decisión judicial derivada de una tutela, los jueces pueden imponer sanciones como multas o arrestos con el fin de garantizar el cumplimiento del fallo. En este caso específico, la Agencia Nacional de Tierras no habría respondido de manera oportuna a los cuestionamientos planteados por la senadora, lo que llevó a que se presentara un incidente de desacato por presunto incumplimiento de la orden de tutela.
Posición de la Agencia Nacional de Tierras
Tras conocerse la decisión judicial, la Agencia Nacional de Tierras emitió un comunicado en nombre de su director en el que señaló que la sanción aún no está en firme, ya que no ha sido confirmada en segunda instancia. La entidad aseguró que ya dio respuesta al derecho de petición presentado por la senadora Valencia y negó categóricamente que exista intención de ocultar información sobre el caso.
"La entidad no oculta información. Durante el trámite de la solicitud se presentaron demoras asociadas al proceso de recopilación y verificación de la información técnica y jurídica necesaria para emitir una respuesta completa y responsable", explicó la ANT en su pronunciamiento oficial.
Contexto nacional y medidas de transparencia
Según la institución, dichas demoras obedecieron a la complejidad de los procesos relacionados con la adquisición y adjudicación de predios que adelanta la entidad. En el mismo comunicado, la agencia rechazó las afirmaciones sobre supuestas prácticas sistemáticas de cobro de comisiones en la compra de tierras, señalando que bajo la dirección de Harman se han adoptado medidas para:
- Identificar posibles irregularidades
- Denunciar ante las autoridades competentes
- Poner en conocimiento público cualquier anomalía
Este caso ocurre en medio del debate nacional sobre la compra de tierras por parte del Estado y la implementación de la política de acceso a la tierra, temas que han generado amplia discusión en diferentes sectores de la sociedad colombiana. Entretanto, el proceso judicial seguirá su curso mientras se resuelve si la sanción queda o no en firme en las instancias superiores, marcando un precedente importante en materia de responsabilidad de funcionarios públicos frente al cumplimiento de órdenes judiciales.
