Crisis de bloqueos por actualización catastral: Gobierno central enfrenta protestas campesinas
La reciente ola de bloqueos en las regiones de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Putumayo no es un evento fortuito ni una conspiración política, sino la consecuencia directa de una política fiscal centralista y desmedida. Bajo el amparo del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno nacional impulsó una actualización catastral masiva en 520 municipios, ejecutada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y no por las administraciones municipales locales.
La 'matemática del despojo' y sus impactos devastadores
El resultado ha sido lo que expertos y afectados califican como una 'matemática del despojo': incrementos en los avalúos que en algunos casos superan el 1.100% y llegan hasta el 8.000%. Estas cifras, completamente desconectadas de la realidad económica de los productores rurales, convierten el impuesto predial en una carga impagable que amenaza con la pérdida de la propiedad privada de miles de campesinos en todo el país.
Ante la protesta social masiva, el Gobierno nacional optó por una narrativa de exculpación y ataque, intentando trasladar la responsabilidad total a los alcaldes municipales. Sin embargo, el análisis detallado de los hechos revela una realidad muy distinta. En efecto, el incremento surgió de una norma del Plan de Desarrollo del Gobierno y la ejecución técnica del IGAC -entidad del orden nacional-, con lo cual los alcaldes no fijaron el avalúo; recibieron una base catastral ya inflada por el Gobierno central.
Promesas incumplidas y falta de soluciones técnicas
El Gobierno central justificó la actualización catastral prometiendo una ley de topes para evitar cobros desproporcionados del impuesto predial. Dicha ley nunca se materializó, dejando a los municipios sin herramientas legales para contener el impacto del alza automática en los avalúos. Esta situación generó un vacío normativo que exacerbó la crisis.
No se entiende entonces cómo el presidente amenaza con encarcelar o destituir alcaldes que no 'solucionen' el problema bajando las tarifas, postura que ignora que los alcaldes no tienen facultades discrecionales para alterar avalúos ya certificados por la nación. Esta contradicción ha profundizado la tensión entre el Gobierno nacional y las autoridades locales.
Consecuencias económicas y sociales de los bloqueos
Esa falta de una solución técnica y gradual por parte del Ministerio de Hacienda y el IGAC provocó un paro que paralizó el aparato productivo de los Santanderes y el centro del país con costos alarmantes; y, lo peor, creando una tensión civil debido al llamado presidencial a crear 'guardias libertadoras', que no serían más que organizaciones civiles para abrir vías, lo que claramente es presión temeraria que desconoce el papel constitucional de la Fuerza Pública.
Aunque los bloqueos se levantaron tras acuerdos locales en Santander y Boyacá, y tal como lo ha dicho la Federación Colombiana de Municipios, la solución debe ser nacional y técnica. No puede ser, y solo a manera de ejemplo, que en Achí el IGAC haya ordenado aumentos del 757%, en Arjona del 424%, en Cantagallo del 325%, o en Clemencia de 3.863%. Son saltos absurdos de valor que no coinciden con la realidad de los territorios.
Llamado a una solución nacional de fondo
El asunto merece una solución nacional de fondo, que restrinja las actualizaciones masivas sin considerar la capacidad de pago del campesinado. Es imperativo que el Gobierno revise su política catastral y establezca mecanismos que protejan a los pequeños propietarios rurales de incrementos desproporcionados que ponen en riesgo su sustento y patrimonio.
