Un grave enfrentamiento entre las comunidades indígenas Nasa Pitayó y Misak Guambía en la zona rural del municipio de Silvia, nororiente del Cauca, ha dejado un saldo preliminar de al menos 10 personas fallecidas y más de 30 heridas. El conflicto, originado por la disputa de tierras, ha obligado al despliegue de más de 120 uniformados del Ejército Nacional, quienes cuentan con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para restablecer el orden y proteger a la población civil.
Origen de la disputa territorial
El epicentro de la emergencia es el sector de La Ensillada, un predio de 600 hectáreas que históricamente ha pertenecido al pueblo Misak. La tensión escaló luego de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitiera resoluciones durante un proceso de clarificación de un título colonial. Según Tatiana Bachiller, exautoridad del cabildo Misak de Guambía, estas resoluciones fueron interpretadas por el pueblo Nasa como una adjudicación legal a su favor, lo que desencadenó el choque directo por el control del territorio.
Reacción de las autoridades indígenas
El saldo de víctimas fue confirmado inicialmente por la gobernadora misak, Mama Liliana Pechene Muelas. El cabildo del resguardo colonial de Guambía emitió un comunicado en el que responsabiliza a la institucionalidad por la falta de garantías y atención oportuna. En el documento señalan que el Gobierno permitió la operación de cinco puntos de bloqueo sobre la vía pública durante meses sin intervenir: “El Estado firmó actas, instaló mesas de trabajo, recibió oficios, visitó el territorio y no hizo absolutamente nada. La inacción del Estado no es neutralidad: es complicidad activa”.
Acciones del Gobierno
Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU). El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó la intervención táctica de la Vigésima Novena Brigada y calificó la situación como “enfrentamientos absurdos entre dos comunidades indígenas caucanas”. A través de sus canales oficiales, Sánchez informó que ya hay tropas desplegadas en el área rural de Silvia con el único objetivo de proteger la vida y restablecer la seguridad.
El ministro instó a las comunidades a recurrir a sus mecanismos de justicia y concertación, y anunció que el primer curso de acción gubernamental es la mediación a través de una delegación humanitaria compuesta por la Gobernación del Cauca, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Iglesia católica. Asimismo, contextualizó la compleja situación de seguridad del departamento, recordando que en la región operan estructuras de disidencias dedicadas al reclutamiento, cuyo cabecilla, alias “David o mi Pez”, fue capturado recientemente por la Fuerza Pública.
Exigencia de la Defensoría del Pueblo
En respuesta a la emergencia humanitaria, la Defensoría del Pueblo emitió un requerimiento urgente dirigido al Ministerio del Interior y a la ANT. El Ministerio Público exigió a estas entidades avanzar de manera inmediata en el cumplimiento de los compromisos territoriales pactados previamente con ambos pueblos. Mientras las tropas mantienen los sobrevuelos y el control perimetral en Silvia, las autoridades de derechos humanos insisten en que las fallas de titulación y saneamiento de tierras por parte del Estado no pueden seguir derivando en violencia en los territorios, reiterando que el diálogo y la concertación propia deben prevalecer para salvaguardar la vida de los comuneros.
