Gobernadora del Valle responde a críticas sobre gestión de tierras y exige mayor coordinación
La polémica por la entrega de tierras en el departamento del Valle del Cauca se intensificó significativamente después de que la gobernadora Dilian Francisca Toro respondiera de manera contundente a los señalamientos realizados por el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman. El funcionario nacional había cuestionado públicamente la supuesta falta de voluntad política en la región para avanzar en los procesos de adjudicación de predios.
Rechazo directo a las afirmaciones
La mandataria vallecaucana rechazó de forma directa y enfática las afirmaciones del director Harman, asegurando que no corresponden a la realidad del territorio y que su administración ha mantenido una disposición constante para avanzar en los procesos de adjudicación. A través de un pronunciamiento público detallado, Toro sostuvo que sí ha existido coordinación institucional y que las declaraciones del funcionario nacional no reflejan el trabajo que se ha venido realizando desde la Gobernación del Valle.
"El aumento del catastro que está afectando a nuestros campesinos en el Valle responde a una resolución del Gobierno Nacional, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento del Plan de Desarrollo", explicó la gobernadora en sus declaraciones públicas, destacando que desde su administración se han promovido espacios de diálogo y propuestas concretas para avanzar en la Reforma Agraria.
Comunidades en espera y priorización territorial
La gobernadora detalló cifras significativas que evidencian la magnitud del desafío en el departamento: al menos 86 comunidades afrodescendientes y 16 comunidades indígenas han solicitado formalmente la adjudicación de predios en el Valle del Cauca. Según indicó Toro, varias de estas poblaciones enfrentan condiciones complejas y precarias mientras esperan soluciones por parte del Estado, lo que convierte este tema en una prioridad social de primer orden.
En este contexto, la mandataria cuestionó específicamente la asignación de tierras a comunidades provenientes de otros departamentos, señalando que esta práctica ha generado inconformidad en el territorio vallecaucano. Para Toro, es fundamental que se priorice a quienes habitan en el departamento y llevan años, incluso décadas, esperando una respuesta institucional a sus solicitudes de tierra.
Falta de articulación institucional
Uno de los puntos más críticos señalados por la gobernadora es la falta de articulación efectiva con la Agencia Nacional de Tierras, lo que según ella ha dificultado sustancialmente el desarrollo de los procesos de adjudicación. Desde la Gobernación se indicó que incluso se han enviado solicitudes formales y propuestas de trabajo conjunto que no han recibido respuesta adecuada por parte de la entidad nacional.
Esta situación de descoordinación, según advirtió Toro, ha impedido avanzar en soluciones estructurales para las comunidades rurales del Valle del Cauca. La mandataria enfatizó que el panorama en el departamento incluye decenas de procesos pendientes relacionados con retorno, reubicación y restitución de tierras, además de múltiples conflictos asociados a la tenencia de predios que aumentan la presión sobre las instituciones encargadas.
Riesgos de orden público y llamado a la acción
Autoridades regionales han alertado consistentemente que el estancamiento en la entrega de tierras podría derivar en mayores problemas de orden público, especialmente en zonas rurales donde persisten tensiones históricas entre comunidades. La controversia surgió originalmente luego de que Harman indicara que las relaciones con autoridades locales han sido difíciles y que, de existir mayor articulación, el Valle del Cauca podría liderar la entrega de predios a nivel nacional.
Frente a esta afirmación, Toro afirmó categóricamente que dichas declaraciones no reflejan la realidad del trabajo institucional que se ha venido realizando. La gobernadora hizo un llamado urgente a mejorar la coordinación entre las entidades nacionales y regionales, subrayando que solo mediante un trabajo conjunto y articulado se podrán encontrar soluciones efectivas para las comunidades que esperan acceso a la tierra en el Valle del Cauca.
El caso ha puesto en evidencia las tensiones existentes entre el gobierno nacional y las autoridades regionales en materia de política agraria, destacando la necesidad de mecanismos más eficientes de coordinación interinstitucional para abordar uno de los problemas históricos más sensibles en el país.
