Harman reflexiona sobre la reforma agraria en Colombia: avances y desafíos estructurales
A pocos meses de concluir su mandato como director de la Agencia de Tierras, Harman recapitula algunos de los episodios más significativos en los que se han devuelto tierras a campesinos y comunidades étnicas en Colombia. En una entrevista exclusiva, el funcionario subraya que la justicia agraria debe ser una política de Estado, argumentando que el problema de la tierra en el país no es coyuntural, sino estructural.
El campesinado ha sido históricamente víctima del conflicto y del despojo, y lo mínimo que debería garantizar el país es el acceso a una parcela para reconstruir sus vidas. Este propósito no puede depender del gobierno de turno; debe ser una decisión de Estado que una al país en torno a la dignidad campesina y la posibilidad de producir.
Avances en cifras y cambio de escala en la gestión de tierras
Hoy, según Harman, hay un cambio de escala en la reforma agraria. Se han gestionado cerca de 775.000 hectáreas en todo el país. De estas, 429.000 ya están en el Fondo de Tierras, y más de 305.000 han sido entregadas y están en manos de campesinos que las habitan. Además, se suman cerca de 800.000 hectáreas que están en la SAE y en el Fondo de Reparación, las cuales también pueden integrarse al proceso.
El director señala que se partió de un rezago muy grande. Cuando asumió el cargo, apenas se habían comprado alrededor de 1.300 hectáreas para los firmantes de paz, y esos proyectos estaban en riesgo por falta de tierra. Hoy, ya hay 19.000 hectáreas destinadas a ese propósito. Este proceso requiere tiempo, ya que no solo implica entregar tierra, sino también formalizarla y garantizar que quede jurídicamente en manos de quienes las necesitan.
Casos específicos: Córdoba y la recuperación de tierras
En Córdoba, Harman destaca una historia particular. Desde 1930, existen ciénagas y playones asociados a una cultura anfibia, donde en verano se cultiva y en invierno se pesca. Estos territorios son baldíos de la nación y no se pueden titular, pero desde finales de los años 80 fueron ocupados ilegalmente y terminaron en manos de mafias o grandes intereses.
Córdoba está llena de campesinos y pescadores que han vivido masacres, violencia, desplazamiento, jefes paramilitares y también silencio por parte del Estado. La Agencia de Tierras llegó para devolverles las tierras, pero también la dignidad y los derechos. A quienes fueron damnificados por las fuertes lluvias, se les entregaron 188 hectáreas.
Recuperar estos territorios implica restituir un equilibrio: no solo devolver la tierra a quienes históricamente la habitaron, sino también recuperar su función ambiental. En la ciénaga de Corralito, en Cereté, por ejemplo, los campesinos no podían ni pescar ni cultivar. Hoy, están volviendo a las comunidades. Allí, se han avanzado en cerca de 44.000 hectáreas gestionadas, beneficiando a unas 400 familias que han recibido unas 12.000 hectáreas.
Comparación con gobiernos anteriores y resistencias en el terreno
Harman compara la gestión actual con la de gobiernos anteriores. En el gobierno de Iván Duque se gestionaron alrededor de 13.000 hectáreas, y en el de Juan Manuel Santos, cerca de 10.000. Hoy, se habla de 775.000 hectáreas gestionadas, lo que refleja un cambio en la velocidad y prioridad dada al tema.
Sin embargo, más allá de las cifras, el reto sigue siendo estructural: no se trata solo de gestionar tierra, sino de garantizar que llegue efectivamente a quienes la necesitan y que se sostenga. En el terreno, la Agencia de Tierras se ha enfrentado a diversas resistencias, desde amenazas directas hasta disparos al aire para impedir el ingreso a predios.
En muchos casos, quienes controlaban estas tierras eran estructuras criminales, y hoy incluso hay nuevas organizaciones que han ocupado esos espacios. También se ha visto cómo se instrumentaliza a comunidades rurales, pagándoles para bloquear vías o impedir operativos, especialmente en regiones como el Magdalena Medio.
Garantías para la producción y gestión de conflictos sociales
Uno de los grandes retos, según Harman, es garantizar que la tierra realmente se pueda producir y que los campesinos no sean revictimizados. La tierra por sí sola no resuelve el problema; el campesino necesita garantías como vías, acceso a mercados, vivienda y acompañamiento institucional.
La reforma agraria no puede ser solo de tierras; tiene que involucrar a todo el Estado. Si no se resuelven las condiciones estructurales y las dinámicas de violencia, existe el riesgo de que el campesino vuelva a ser desplazado. Además, la reforma ha generado tensiones entre comunidades, como en Cauca o Necoclí, Antioquia.
En Necoclí, por ejemplo, se entregaron 1.143 hectáreas a asociaciones campesinas y víctimas de la violencia. En Cauca, se han instalado mesas de diálogo entre comunidades afro, indígenas, campesinas e ingenios azucareros, logrando que desde octubre de 2024 no se registren invasiones y que los conflictos se tramiten en esas mesas, no en la vía de hecho.
Pendientes y oportunidades para transformar el país
Queda mucho por hacer, según Harman. Hay obstáculos institucionales importantes, como la falta de una jurisdicción agraria que permita resolver conflictos de manera más ágil, un proyecto que lleva meses sin avanzar en el Congreso. También hay limitaciones presupuestales, con cerca de COP 1,2 billones que resultan insuficientes frente a la magnitud del reto.
Además, todos los días se capturan personas vinculadas a economías ilegales que tienen tierras, lo que muestra que el problema sigue creciendo. Pero también hay una oportunidad: si se logra consolidar la reforma agraria como una política de Estado, avanzar en la formalización y articular al resto de las instituciones, se puede transformar el campo y el país.
La reforma agraria no es solo repartir tierra; es una apuesta por construir un país distinto, más justo y en paz. Harman concluye que, aunque los desafíos son enormes, los avances en gestión y diálogo ofrecen una base para seguir avanzando hacia una justicia agraria real y duradera.
