La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, lanzó un llamado de urgencia a través de la red X: "Se agota el tiempo". Se refería al proyecto de ley que define las competencias de la jurisdicción agraria y rural, pendiente de aprobación en el Congreso. Con menos de dos meses antes del receso legislativo y elecciones cercanas, la iniciativa es clave para el Gobierno.
Un ciclo de reformas
La ley completaría el ciclo de reformas jurídicas iniciado con el acuerdo de paz de 2016 con las Farc, cuyo primer punto fue la reforma rural integral. Recientemente, dos actos legislativos fijaron un marco constitucional para intervenir en la estructura de la propiedad rural y el uso del suelo.
El tema es de vieja data. Desde hace 90 años ha habido intentos frustrados para repartir la tierra de forma más equitativa. Según el Instituto Agustín Codazzi, la mitad de las extensiones del campo está concentrada en el uno por ciento de los propietarios, mientras que el 80 por ciento de los dueños accede a menos del 8 por ciento del área disponible. Dos terceras partes de los predios son microfundios y minifundios de baja productividad, lo que incide en que la pobreza rural supere a la urbana.
Estos factores se han asociado con la violencia. El narcotráfico influyó en el desplazamiento forzado y la concentración de la propiedad. Apenas una cuarta parte de la tierra apta para la agricultura es cultivada; la ganadería extensiva es la norma.
Avances y promesas
El presidente Gustavo Petro prometió entregar tres millones de hectáreas a los campesinos. A través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se han constituido 13 nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC), que ocupan 643.381 hectáreas en departamentos como Antioquia, Meta, Cauca, Cundinamarca y Córdoba. También se han reconocido 93 nuevos resguardos indígenas y 69 ampliados, así como 64 comunidades negras, que benefician a unas 217.000 personas en 136 municipios.
La política ha incluido compra de tierras, recuperación de predios y asignación de tierras públicas. Según el Ministerio de Agricultura, se han gestionado 763.731 hectáreas para el Fondo Nacional de Tierras. De ese total, se han entregado 310.639 hectáreas: 57 por ciento de forma provisional y el resto de manera definitiva. Además, se han reconocido títulos sobre 2,1 millones de hectáreas, tres cuartas partes para comunidades étnicas. En desarrollo de sentencias de restitución, se han entregado 384.256 hectáreas, incluyendo 55.942 para víctimas del conflicto.
La Casa de Nariño afirma que lo alcanzado es histórico. Sin embargo, hay cuestionamientos sobre la contabilización de logros y procedimientos. Aurelio Suárez señaló casos de adquisición de predios por valores llamativos, negociaciones con propietarios de dudosa solvencia y aumento de contratistas de la ANT. También hay líos con la entrega de títulos de propiedades incautadas a narcotraficantes. "Este va a ser un chicharrón enorme para el próximo Gobierno", dice Suárez.
Tensión en los procedimientos
Ante la demora en poner en marcha la jurisdicción agraria, el Ejecutivo buscó que la ANT definiera los casos que exigieran interpretación. Gremios como la SAC, Fedegán, Asociación de Cultivadores de Caña, Andi y ACP alertaron sobre una concentración de poder. Señalaron que los ocho procesos agrarios establecidos en el decreto ley 902 de 2017 pasarían a ser resueltos temporalmente por la ANT, que actuaría como juez y parte.
La Corte Constitucional desestimó una demanda de la ANT contra el decreto, por falta de sustento jurídico. Mientras no se apruebe el proyecto en el Congreso, los jueces civiles y contencioso-administrativos deben seguir resolviendo los procedimientos. La Corte exhortó al Congreso a expedir la ley pendiente y ordenó al Consejo Superior de la Judicatura preparar la puesta en marcha de los tribunales agrarios a partir de 2027.
La ministra Carvajalino destacó que la Corte respalda la necesidad de que el Congreso apruebe la ley. El texto de la ponencia es favorable, pero persisten polémicas sobre las competencias de la ANT y los jueces agrícolas. Trazar el límite es clave: si el fiel de la balanza se inclina hacia el Ejecutivo, este tendrá mayor margen de acción.
Muchos parlamentarios ven el sesgo ideológico del Gobierno actual. El enfoque petrista da más peso a la redistribución política de la tierra que a reconocer logros en productividad. Si esa tesis se fortalece con instrumentos legales, se abre la posibilidad de intervenir en predios emblemáticos. Ante una eventual victoria de Iván Cepeda, la nueva instancia judicial sería la mejor barrera de contención.
Los gremios piden claridad y equidad en la resolución de conflictos de tenencia, ocupaciones ilegales, seguridad y orden público, y el manejo de baldíos. "Queremos que el Congreso apruebe la jurisdicción agraria siempre y cuando sean los jueces los que decidan sobre todos los procesos agrarios", dice Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. "Hacer lo contrario es echar por la borda el acuerdo de paz y las decisiones de la Corte Constitucional".
Qué está definido y qué falta
La ley estatutaria, que siguió a la reforma constitucional de 2023, establece la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales en todo el país; Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural; facilitadores agrarios y rurales; y la selección por méritos de los funcionarios. También se creará la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y una similar en el Consejo de Estado.
Pero falta el cómo. Poner en marcha esta estructura traerá desafíos presupuestales. El esquema habrá valido la pena si la Justicia logra corregir inequidades y evitar abusos, de manera autónoma e independiente del gobernante de turno.
