Gobierno Nacional establece tribunales exclusivos para resolver conflictos agrarios en zonas rurales
El presidente Gustavo Petro ha firmado en el municipio de Cereté, Córdoba, la Ley Estatutaria 2570 de 2026, que crea formalmente la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia. Este nuevo sistema judicial representa un hito histórico para el campo colombiano, estableciendo tribunales especializados para resolver disputas sobre tenencia de tierra, herencias y ocupaciones, con especial enfoque en regiones con alta informalidad rural.
Estructura y funciones del nuevo sistema judicial agrario
La nueva jurisdicción contará con una estructura organizada en tres niveles:
- Juzgados Agrarios y Rurales a nivel municipal
- Tribunales Agrarios regionales conformados por al menos tres magistrados
- Corte Suprema de Justicia para pleitos entre ciudadanos
- Consejo de Estado para conflictos que involucren entidades públicas
Estos despachos judiciales tendrán competencia exclusiva para resolver controversias sobre:
- Tenencia y uso del suelo
- Contratos de aparcería y arriendos rurales
- Desalojos por ocupaciones de fincas
- Posesión de propiedades privadas
- Servidumbres y derechos de paso
- Revisión de decisiones administrativas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Procedimientos innovadores y acceso a la justicia
Una de las principales innovaciones de esta ley es la implementación de procedimientos judiciales orales diseñados para facilitar la comprensión de los usuarios rurales. Los jueces estarán obligados a desplazarse hasta los lugares donde ocurren los conflictos para la recolección de pruebas, garantizando una justicia cercana al territorio.
El Ministerio de Justicia y del Derecho ha explicado que la normativa busca garantizar que campesinos, mujeres rurales, pueblos indígenas y comunidades negras cuenten con un sistema especializado, accesible y justo. Para ello, se implementarán mecanismos de apoyo como:
- Facilitadores agrarios contratados por la Defensoría del Pueblo
- Orientación legal gratuita para pobladores de menores recursos
- Asistencia jurídica gratuita durante todo el proceso judicial
Implementación gradual y selección de funcionarios
La apertura física de los juzgados se realizará de manera progresiva, priorizando:
- Zonas con mayor población campesina
- Territorios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
- Áreas con altos niveles de informalidad en la propiedad
En regiones apartadas, los jueces podrán compartir oficinas con otras entidades del Estado para optimizar costos operativos. Para la selección de los funcionarios, el Consejo Superior de la Judicatura organizará un concurso de méritos que evaluará conocimientos específicos en leyes agrarias y ambientales, garantizando la especialización requerida para estos cargos.
Proceso legislativo y alcance transformador
La ley entrará en operación una vez el Congreso apruebe una ley ordinaria que dicte los procedimientos específicos de los juicios y se asignen los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento. Cabe destacar que la sanción del texto se dio tras la revisión de la Corte Constitucional, que anuló los artículos 4 y 5 por considerar que se alejaban del objetivo principal de la legislación.
El Gobierno Nacional ha concluido que esta implementación representa el inicio de una transformación profunda para la vida en el campo colombiano, estableciendo por primera vez en la historia del país una jurisdicción especializada en conflictos agrarios que promete mayor acceso a la justicia para las comunidades rurales más vulnerables.
