Presidente Petro denuncia manipulación de agua en embalses con fines electorales y alza de tarifas
En medio de las intensas lluvias que afectan a Córdoba y otras regiones del país, el presidente Gustavo Petro ha lanzado duras acusaciones contra la gestión de los embalses colombianos, incluyendo la Represa Urrá I, ubicada en el departamento de Córdoba. Durante un consejo de ministros, el mandatario afirmó que se está almacenando más agua de la necesaria con objetivos electorales y para incrementar las tarifas de energía a los ciudadanos.
Cuestionamientos a Urrá I y otros embalses en contexto de emergencia
La Represa Urrá I, que se abastece principalmente del río Sinú y sus afluentes, ha sido objeto de investigaciones y cuestionamientos por su posible implicación en la emergencia invernal que vive Córdoba. Petro sostiene que, basándose en información del IDEAM, se podía anticipar un "régimen de lluvias normal", lo que lleva a preguntarse por qué los embalses no han manejado adecuadamente sus reservas. Esta situación ha generado preocupación sobre el impacto en las comunidades afectadas por las inundaciones.
El presidente argumenta que la retención excesiva de agua en embalses como Urrá no solo agrava las crisis ambientales, sino que también responde a intereses políticos y económicos. Según sus declaraciones, esta práctica busca influir en procesos electorales y justificar aumentos en los precios de la energía, afectando directamente el bolsillo de los colombianos.
Implicaciones para la política energética y la seguridad hídrica
Las acusaciones de Petro ponen en evidencia tensiones en la gestión de recursos hídricos y energéticos en Colombia. Embalses como Urrá e Hidroituango son criticados por su papel en la regulación de caudales, especialmente durante eventos climáticos extremos. La falta de transparencia en la operación de estas infraestructuras podría estar exacerbando los efectos de la ola invernal, según señalan expertos y autoridades.
Además, el debate se extiende a temas como la electricidad y los precios de la energía, donde el gobierno busca revisar tarifas y promover una distribución más equitativa. La emergencia en Córdoba sirve como catalizador para discutir reformas en el sector, enfocadas en prevenir futuras crisis y garantizar un acceso justo a los servicios básicos.
