Colombia Humana acepta multa millonaria por irregularidades en campaña presidencial de 2022
En un giro significativo dentro del panorama político colombiano, el movimiento Colombia Humana ha decidido aceptar formalmente la sanción económica impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A través de su apoderado legal, Ulises Durán, la organización política presentó un memorial donde desiste del recurso de reposición que había interpuesto contra el tribunal electoral.
Detalles de la decisión y el monto de la multa
El documento fue dirigido específicamente a los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz, comunicando la renuncia al recurso contra la Resolución 11008 del 27 de noviembre de 2025. Esta resolución, emitida por el CNE, establece una multa de COP 1.200 millones que Colombia Humana deberá pagar por irregularidades detectadas durante la campaña presidencial de 2022.
La sanción fue impuesta tras una votación donde seis magistrados apoyaron la medida frente a tres que se opusieron. El tribunal electoral determinó que durante las dos vueltas presidenciales, la campaña del actual presidente Gustavo Petro excedió los límites de financiación establecidos por la ley en aproximadamente COP 3.000 mil millones.
Irregularidades específicas identificadas por el CNE
Entre las principales irregularidades señaladas por el organismo electoral se encuentran:
- Exceso en los topes de financiación permitidos para campañas presidenciales.
- Falta de reporte de aportes económicos realizados por testigos electorales.
- Omisión en la declaración de donaciones provenientes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
La aceptación de la multa por parte de Colombia Humana representa un reconocimiento tácito de estas irregularidades y cierra un capítulo de disputa legal que se extendió por varios meses. Este desarrollo ocurre en medio de un contexto político complejo, donde la transparencia en la financiación de campañas se ha convertido en un tema de creciente relevancia pública.
El pago de los COP 1.200 millones constituye una de las sanciones económicas más significativas aplicadas recientemente a una organización política en Colombia, estableciendo un precedente importante para futuros procesos electorales y reforzando la necesidad de estricto cumplimiento de las normas de financiación política.
