Gobierno Petro supera ampliamente a Duque en restitución de tierras
La administración del presidente Gustavo Petro ha logrado avances significativos en la restitución de tierras despojadas durante el conflicto armado, superando ampliamente los números del gobierno anterior de Iván Duque. Según estadísticas oficiales, entre agosto de 2022 y febrero de 2026 se emitieron 3.569 sentencias de restitución, lo que representa un crecimiento del 54% frente a las 2.319 sentencias del periodo comparable de la administración Duque.
Cambio fundamental en atención a víctimas
Uno de los cambios más notorios se evidencia en el porcentaje de solicitudes aprobadas por la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Mientras durante el gobierno Duque apenas se aprobó el 33% de las solicitudes (11.830 decisiones de inscripción), en la actual administración este porcentaje subió al 72% (13.940 decisiones). Esto refleja una tendencia más favorable hacia las reclamaciones de las víctimas del conflicto.
"Estamos en el territorio ancestral de nuestros hermanos Pijaos, acompañando la entrega de esta sentencia que permite restituir derechos fundamentales que fueron vulnerados por el conflicto y la violencia", señaló Giovanny Yule, director de la URT durante el gobierno Petro.
Entrega de tierras y enfoque territorial
En cuanto a superficie restituida, el gobierno Petro ha entregado casi 28.000 hectáreas a través de sentencias, superando las 23.000 hectáreas del gobierno anterior. Sin embargo, en número de predios entregados, la administración Duque superó a la actual con 1.512 predios frente a 1.090.
Esta diferencia se explica por el enfoque de la gestión de Yule, que priorizó grandes territorios solicitados por:
- Resguardos indígenas
- Comunidades afrodescendientes
- Territorios colectivos
Rezagos persistentes y hallazgos de control
A pesar de los avances estadísticos, organizaciones como la Fundación Forjando Futuros advierten que el rezago en la política pública es abismal. A la fecha solo se ha cumplido con el 12,9% de la promesa hecha a las víctimas hace 14 años, con apenas 923.484 hectáreas restituidas de los 6,5 millones originalmente comprometidos.
La Contraloría General de la República, tras auditar las vigencias 2023 y 2024 de la URT, identificó fallas importantes en:
- Cumplimiento de decisiones judiciales
- Manejo y control de recursos públicos
- Administración de proyectos productivos agroindustriales
- Coordinación entre áreas de la entidad
El órgano de control halló 17 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen presunta incidencia disciplinaria, incluyendo una indagación preliminar por más de $52 mil millones.
Balance y perspectivas futuras
El gobierno Petro espera que la política de restitución de tierras, a la que le quedan cinco años de vigencia, sea transferida a la Jurisdicción Agraria, aunque esta requiere aún la aprobación de un proyecto de ley para su estructuración completa.
Mientras tanto, tanto la Fundación Forjando Futuros como la Contraloría coinciden en que persisten graves rezagos en:
- Resultados concretos de restitución
- Aspectos presupuestales
- Comportamiento de funcionarios
- Cumplimiento de órdenes judiciales
El caso emblemático de la Serranía del Perijá, donde el Tribunal Superior de Cartagena ordenó la cancelación de 15 negocios jurídicos de la multinacional Drummond en predios de Agustín Codazzi (Cesar), ilustra tanto los avances como la complejidad de un proceso que puede extenderse por más de 15 años.
