La estrategia de Petro sobre tierras: tres momentos críticos que enfrentan la propiedad privada
La política agraria del gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado una tragedia en tres actos que afecta directamente los derechos de propiedad sobre la tierra en Colombia. Este proceso, que comenzó en 2023 y se extiende hasta 2026, ha sido marcado por intentos de modificar los procedimientos agrarios, generando preocupación entre propietarios y expertos jurídicos.
Primer acto: Los micos legislativos de mayo de 2023
En mayo de 2023, aparecieron dos micos en la Ley de Plan Nacional de Desarrollo que pretendían facilitar la compra de tierras mediante oferta voluntaria. Sin embargo, según críticos, esta propuesta no representaba una verdadera venta voluntaria, sino que constituía una forma de extorsión institucionalizada. El mecanismo planteado eliminaba la participación de los jueces en los procesos, dejando a los propietarios sin recursos de defensa adecuados y a merced de decisiones unilaterales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El epílogo de este primer acto llegó en julio de 2024, cuando la Corte Constitucional declaró inexequibles estos micos legislativos. El alto tribunal determinó que implicaban una elusión del debate democrático sobre la modificación del procedimiento único regulado por el Decreto Ley 902 de 2017. Como consecuencia, los procesos agrarios continuaron rigiéndose por esta normativa, preservando temporalmente las garantías procesales.
Segundo acto: La persistencia gubernamental en agosto de 2024
Pese al fallo de la Corte Constitucional, el gobierno persistió en su estrategia. En agosto de 2024, incluyó en el Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria un parágrafo que otorgaba a la ANT decisiones sobre procesos agrarios, lo que en la práctica derogaba la Fase Judicial del Decreto Ley 902/2017 que protege los derechos del propietario.
Esta maniobra generó una contradicción evidente: mientras el gobierno presentaba un proyecto que supuestamente fortalecía la jurisdicción agraria, simultáneamente quitaba competencias a los jueces para transferirlas a la ANT. La columna de opinión de Judith Araújo de Paniza, publicada a las 12:00 a.m., iluminó estas realidades contradictorias en el debate público.
El epílogo de este segundo acto fue parcialmente favorable: se logró conservar la fase judicial de los procesos agrarios. Sin embargo, el riesgo persiste, pues el gobierno continúa presionando al Congreso para cerrar el proceso legislativo, donde cualquier modificación podría alterar el equilibrio alcanzado.
Tercer acto: El decreto 174 de febrero de 2026
Mientras continuaba la presión legislativa, en febrero de 2026 apareció el tercer acto de esta tragedia: el Decreto 174/26. Esta norma adoptaba medidas que afectaban la propiedad rural con el argumento de atender una emergencia en la Costa Caribe. La trampa, según críticos, era la misma: eliminar la fase judicial de los procesos agrarios mediante un decreto ley expedido bajo el marco del Acuerdo Final de Paz.
El gobierno se excedió en esta ocasión, según expertos jurídicos. No solo violó el derecho a la defensa al transferir competencias de los jueces a la ANT, sino que pretendió realizar una reforma agraria exprés en 15 días, como calificó el expresidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes. Esta pretensión fue descrita como delirante por su carácter acelerado y por atropellar incluso las competencias de las Oficinas de Registro.
El artículo 8° del decreto establecía procedimientos extremadamente rápidos:
- Apertura y notificación en solo 5 días
- 5 días para aportar o solicitar pruebas, limitando gravemente el derecho a la defensa
- Omisión discrecional de pruebas esenciales, como la inspección física de predios
- Decisión de fondo en apenas 3 días calendario
- Registro de instrumentos en un solo día
Además, el artículo 7° permitía a la ANT, en un solo acto administrativo:
- Comprar tierra
- Registrar negocios
- Incorporar predios al Fondo de Tierras
- Adjudicarlos a beneficiarios
Este mecanismo simplificado generó preocupación sobre la falta de controles y garantías en procesos que afectan derechos fundamentales.
Reflexión final: Un paraíso imposible
El epílogo de esta tragedia en tres actos plantea una reflexión amarga: Colombia sería un paraíso si castigara a los bandidos con la misma eficiencia con que se pretende atropellar la propiedad privada de la tierra. La tensión entre la necesidad de una reforma agraria y el respeto a los derechos de propiedad continúa marcando el debate nacional, con consecuencias que afectarán el desarrollo rural por años.
