La batalla por la tierra: el centro del conflicto político colombiano
En el panorama político colombiano, un partido históricamente vinculado a episodios oscuros como los falsos positivos y las Convivir, cuya bancada enfrentó procesos judiciales mientras votaba proyectos gubernamentales, y que mantuvo silencio cómplice frente a una contrarreforma agraria que desplazó a millones, ahora se presenta como bastión de concordia y pluralismo. Esta transformación superficial responde a una Realpolitik descarnada y a una codicia de votos que prioriza intereses electorales sobre principios consistentes.
La alianza improbable: Paloma Valencia y Oviedo
La discrepancia pública entre Paloma Valencia y Oviedo respecto al Acuerdo de Paz, cuyo eje central es precisamente la reforma rural, ha sido maquillada como una alianza providencial entre opuestos que construirían una patria para todos. Sin embargo, esta narrativa carece de sustento real. No existió siquiera una carta de intención que delineara principios comunes para un eventual programa de gobierno conjunto.
Mientras Oviedo parecía ceder ante el discurso uribista de reconciliación con promesas de desarrollo, Valencia lanzó una declaración contundente: "No voy a renunciar a mis convicciones... Qué tal que yo ahora me volviera partidaria de los Acuerdos de La Habana". Valencia niega legitimidad al Acuerdo argumentando que "nosotros ganamos con el NO", a pesar de que su sector suscribió modificaciones en el 97% del texto final.
El corazón del conflicto: la Reforma Rural Integral
Lo que realmente está en juego es el puntal fundamental del Acuerdo de 2016: la Reforma Rural Integral. Entre sus instrumentos clave destaca la jurisdicción agraria, que transferiría a jueces especializados la resolución de conflictos de tierra que históricamente la derecha ha "solucionado" con violencia.
Pese al acaparamiento violento de tierras legitimado por el latifundismo, que califica de comunista cualquier intento de democratización de la propiedad rural, Valencia se ha erigido como enemiga implacable de esta jurisdicción, tildándola de "expropiación exprés". Su postura amenaza también los procesos de redistribución, formalización y restitución de tierras contemplados en el Acuerdo.
La desigualdad rural: cifras que duelen
Colombia se ubica entre los cuatro países más inequitativos del mundo en propiedad rural. Las estadísticas son elocuentes: el 46,9% de la tierra fértil pertenece a apenas el 1,6% de los propietarios. Esta concentración extrema perpetúa un modelo de "tierra sin hombres y hombres sin tierra" que, durante el último medio siglo, ha expulsado a millones de campesinos de la frontera agrícola, despojándolos no solo de sus predios sino de su historia y comunidad.
El bloqueo sistemático a la jurisdicción agraria, pieza maestra de la reforma rural, se erige como un muro infranqueable que eterniza el problema agrario como origen y combustible del conflicto armado colombiano.
Avances contra viento y marea
A pesar de estos obstáculos, el gobierno actual ha logrado avances sustantivos en el sector rural:
- El sector agropecuario es actualmente el que más aporta al Producto Interno Bruto nacional
- Se han recuperado 758.000 hectáreas mediante compra de tierras, recuperación de predios públicos e incautaciones al narcotráfico
- Se han entregado 300.000 hectáreas a campesinos
- Se han formalizado 1.900.000 hectáreas
- Las exportaciones agropecuarias crecieron un 36% el año pasado
Estos logros representan apenas un botón de muestra del proceso democratizador que podría desatarse si el uribismo cesara su boicot a la reforma rural incorporada en el Acuerdo de Paz.
La máscara del lobo
La realidad política desnuda una estrategia calculada: mantener el bloqueo a la reforma agraria mientras se ejecuta una carambola electoral que busca capitalizar votos obtenidos sin costo político real, añadiendo un barniz de civilidad a una derecha históricamente intransigente. La fábula ha terminado: nunca hubo caperucitas inocentes ni padres bondadosos; siempre estuvo presente el lobo feroz de los intereses creados.
El Acuerdo de La Habana no pertenece al pasado: constituye la propuesta más consistente de paz y desarrollo para Colombia. Negarlo implica renunciar al único camino viable para superar la desigualdad rural que alimenta el conflicto. La pregunta crucial queda flotando en el aire: si esta alianza política niega el Acuerdo, ¿con qué modelo de desarrollo económico sueña realmente para el campo colombiano?
