Senador del Centro Democrático enfrenta investigación por acumulación de tierras de origen baldío
Una investigación periodística revelada en enero de este año ha destapado un complejo caso que involucra al senador Alirio Barrera, exgobernador de Casanare y actual parlamentario del Centro Democrático. Según documentos obtenidos por este medio, Barrera habría consolidado un extenso patrimonio inmobiliario mediante la acumulación de tierras que originalmente tenían condición de baldíos, terrenos destinados legalmente a campesinos sin tierra para garantizar la soberanía alimentaria del país.
Estrategia de acumulación en zona de conflicto
La estrategia del senador incluyó procesos de englobe, subdivisión y permutas que le permitieron estructurar un negocio inmobiliario en una región históricamente marcada por el conflicto armado y el despojo de tierras. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene identificadas más de 412 hectáreas de bienes de origen baldío en poder de Barrera, concentradas principalmente en los municipios de Nunchía y Aguazul, este último donde el político ejerció como concejal entre 2004 y 2007.
Es importante aclarar que el expediente administrativo no se refiere a acumulación de terrenos que actualmente ostenten la vocación de baldíos, sino por la acumulación de bienes que tienen un origen baldío, una distinción crucial en el marco legal colombiano.
Crecimiento patrimonial cuestionado
Según la investigación, Barrera comenzó a concentrar cientos de hectáreas desde principios de los años 2000, incluso mientras ejercía cargos públicos. Su crecimiento patrimonial estaría relacionado con:
- Compra de predios adjudicados originalmente por el antiguo Incora
- Transacciones posteriores que facilitaron la fragmentación del territorio
- Comercialización en lotes para generar ingresos millonarios
- Venta a terceros, incluidos actores con influencia política regional
Excediendo los límites legales
La Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT adelanta actualmente una indagación por presunta acumulación de predios de origen baldío. La normativa establece que nadie puede poseer bienes de origen baldío que superen los límites de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que en el caso de Aguazul es de 61 hectáreas como máximo para personas que no son sujeto de reforma agraria.
De los 14 predios que Barrera posee en Colombia según registros de la ANT, ocho tienen origen baldío. Estos territorios gozan de especial protección legal, pues su asignación original debía cumplir con el objetivo de facilitar el acceso a la tierra de campesinos desamparados y reducir la concentración de la propiedad.
Desfase significativo y consecuencias legales
La conclusión preliminar de la ANT indica que los bienes de Alirio Barrera habrían superado la Unidad Agrícola Familiar permitida en 351 hectáreas. Esto significa que, en una instancia inicial de la investigación, el congresista habría acumulado 6,7 veces el tope de tierras a las que tendría derecho legalmente en esa zona del país.
El proceso ahora avanza hacia un estudio preliminar para individualizar a presuntos infractores. En caso de confirmarse la acumulación ilegal, la entidad realizará un informe jurídico que identificará:
- Los títulos que serían declarados nulos
- Los nombres de los acumuladores
- La manera en que se obtuvieron los predios
El objetivo final sería radicar demandas ante los jueces de la República buscando la nulidad de los contratos, aunque también existe la posibilidad de que el expediente sea archivado a favor de Barrera.
Protección legal de los baldíos
La Ley colombiana es clara al establecer que ninguna persona puede adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si superan los límites máximos fijados para la Unidad Agrícola Familiar. Esta normativa busca evitar la concentración de la tierra de origen baldío y prevenir que, a través de negocios posteriores, se desnaturalice la finalidad original con la cual fue concebida la zona: garantizar el acceso a la tierra para campesinos sin recursos.
Lo cierto es que existe una evaluación inicial en curso, y en ese primer dictamen de la ANT, Alirio Barrera aparece como un posible acumulador de tierras de origen baldío que podrían ser demandadas ante la justicia colombiana, un caso que pone en evidencia las complejidades de la tenencia de la tierra en regiones históricamente afectadas por el conflicto.
