URT emprende revisión histórica de 200 fallos para reparar a víctimas del conflicto en Bolívar y Sucre
En un giro institucional sin precedentes, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha iniciado una profunda revisión de 200 resoluciones administrativas que, durante gobiernos anteriores, cerraron las puertas a la justicia y reparación de miles de campesinos en los departamentos de Bolívar y Sucre, específicamente en la región de Los Montes de María.
Reconocimiento de fallas estatales en el análisis jurídico y social
Esta estrategia, lejos de ser un simple trámite burocrático, representa un reconocimiento implícito de que el Estado pudo haber fallado en su análisis jurídico, social y catastral, dejando desprotegidas a numerosas familias que fueron desplazadas por la violencia del conflicto armado. La Dirección Territorial Bolívar-Sucre de la URT ha anunciado esta revisión con vocación de revocatoria como parte de un esfuerzo por sacudir el letargo que ha caracterizado la reparación a víctimas en el Caribe colombiano.
"En el pasado sufrimos presiones que nos llevaron a ceder nuestras tierras en condiciones injustas. Hoy, gracias a la URT, recuperamos la esperanza", declaró Antonio Godoy, víctima del conflicto armado en el Caribe, cuya voz simboliza el sentimiento de una región que ha esperado décadas por respuestas claras.
El caso emblemático de la familia Godoy y La Camaronera
El epicentro de este cambio de rumbo se materializa en el caso de la familia Godoy, víctimas del emblemático predio La Camaronera, ubicado en el municipio de Turbana (Bolívar) en las inmediaciones del Canal del Dique. Durante años, este territorio fue símbolo de una compleja convergencia entre el fuego cruzado de actores armados y presiones de intereses económicos privados que forzaron el despojo.
Tras una revisión exhaustiva, la URT ha revocado el acto administrativo que negaba la protección a los Godoy, inscribiéndolos formalmente en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). Este paso crucial representa el 'tiquete de entrada' a la fase judicial, donde jueces especializados decidirán la entrega material del predio.
Los tres ejes fundamentales de la estrategia 2026
Para Daniel Flórez, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre, el objetivo es desmantelar los efectos del despojo causado no solo por los fusiles, sino por lo que denomina "actores económicos e institucionales". La meta de la entidad para este 2026 se centra en tres ejes fundamentales:
- Seguridad jurídica: Garantizar que cada expediente cuente con una verificación técnica de alta calidad para evitar que los procesos se caigan en los juzgados.
- Reparación integral: No solo devolver la hectárea de tierra, sino emitir conceptos que permitan el acceso a proyectos productivos y servicios básicos.
- Recuperación de confianza: Sanar la relación con las comunidades rurales que sentían a la Unidad como una entidad de difícil acceso.
El monumental reto logístico de la implementación
Si bien el anuncio genera un optimismo justificado, el reto logístico es mayúsculo. Revisar 200 expedientes implica una carga administrativa considerable que requiere equipos interdisciplinarios robustos en una zona donde la seguridad sigue siendo un factor variable. La URT ha activado ya 116 solicitudes de protección sobre 134 predios específicos en la región.
Sin embargo, el mensaje que envía la entidad desde El Carmen de Bolívar es contundente: "la justicia de tierras en Colombia ha entrado en una etapa de autocrítica institucional para garantizar que ningún derecho legítimo quede sepultado bajo una resolución de archivo".
Un cambio de paradigma en la restitución de tierras
La restitución en Bolívar y Sucre ya no solo mira hacia adelante, sino que se detiene a corregir el pasado, bajo la premisa fundamental de que no puede haber paz territorial sin una seguridad jurídica que incluya, ante todo, a los más vulnerables. Esta iniciativa representa un blindaje jurídico contra lo que las autoridades denominan "despojo institucional", donde decisiones administrativas anteriores pudieron haber perpetuado injusticias.
La URT busca así establecer un precedente histórico donde la justicia de tierras no solo avanza, sino que rectifica errores del pasado, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes fueron excluidos de los procesos de reparación durante años. Este esfuerzo se enmarca en la búsqueda de una paz territorial genuina, donde la devolución material de la tierra sea acompañada por proyectos productivos y la reconstrucción del tejido social en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado colombiano.
